«En el mes de junio de 2011, el Partido Popular ganó las elecciones y alcanzó el gobierno de Castilla la Mancha, encontrándose con una región en quiebra absoluta, con unas deudas que ascendían a más de 10.000 millones de euros y más de 600.000 facturas sin pagar en los «cajones» de los despachos. Desde entonces María Dolores de Cospedal hizo el firme propósito de que mientras el Partido Popular gobernase, esto no volvería a pasar en Castilla la Mancha.
Tuvo que recuperar la credibilidad económica, agravada por la intervención de Caja Castilla la Mancha, institución que con el ahorro de todos los castellanos manchegos, el PSOE había convertido en un órgano al servicio de su «régimen», haciendo frente a la situación que se habían encontrado y pensar que el futuro de la viabilidad de nuestra región dependía de las medidas que adoptara. Desde luego había una muy clara: no se podía gastar más dinero del que se ingresaba.
Difícil solución, pagar las deudas que el presidente Barreda había contraído para que Castilla-La Mancha pudiera seguir funcionando dedicando una gran parte del presupuesto para pagarlas.
Por ello y desde el primer momento María Dolores de Cospedal aplicó medidas de austeridad, que sin perjudicar a los ciudadanos de la región, permitieran lograr un equilibrio económico y la salida del caos en que los socialistas habían dejado a la región
Suprimió con ese fin, treinta delegados provinciales, que fueron sustituidos por funcionarios de la Junta de Comunidades, dieciocho directores generales, redujo en un cuarenta por ciento el número de altos cargos y en un cincuenta por ciento el de asesores de las diversas consejerías.
En la región había Organismos que tenían un claro reflejo en la organización del Estado y que por tanto, debido a esa duplicidad consideraba innecesarios, por lo que fueron suprimidos en Castilla la Mancha. Tales son los casos del Defensor del Pueblo, el Síndico de Cuentas, el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Consejo Económico y Social.
Todo ello ha supuesto un importante ahorro para el contribuyente, sin que le afecte para nada en su vida como ciudadano.
Como lo fue el suprimir el sueldo de los parlamentarios de la región, que estamos cobrando en función de los gastos de locomoción y dietas de asistencia a las Cortes.
Una de las últimas decisiones que ha adoptado María Dolores de Cospedal, con el beneplácito del 90% de los ciudadanos de Castilla la Mancha y el voto en contra del PSOE, ha sido la reducción del número de diputados de cuarenta y nueve a treinta y tres.
Los socialistas con Emiliano García Page al frente han protestado y recurrido ante el Tribunal Constitucional lo cual ya hicieron cuando se suprimió el sueldo a los Parlamentarios y perdieron, ya que la sentencia fue favorable a Cospedal. En este caso sucedería lo mismo.
Porque lo que el PSOE quería era mantener la Ley Electoral aprobada por el Sr. Barreda, que permitía gobernar en Castilla-La Mancha aunque se hubiera perdido en votos, en ella el numero de diputados era par en cuatro provincias, por lo que cada uno de los grandes partidos sacaría igual numero de parlamentarios y solo era impar en una en la que sus cálculos les hacían vencedores, en Ciudad Real.
Con la nueva Ley Electoral aprobada, gobernará en Castilla la Mancha el partido que más votos obtenga, a cada provincia se le asegura un mínimo de tres diputados y el resto se asignará automáticamente de acuerdo con la población.
Como ha dicho María Dolores de Cospedal se trata de una Ley, equilibrada, adecuada, objetiva, proporcional, representativa y plural, aparte del ahorro que supone para las arcas de la región.
Con esas políticas de austeridad, el gobierno de María Dolores de Cospedal ha salvado de la ruina económica a Castilla-La Mancha y con ello ha asegurado los servicios sociales de la región que el presidente Barreda había puesto en peligro».
Carolina Hernández es diputada del PP en las Cortes de CLM y vicesecretaria de Comunicación del PP de Guadalajara.