En un solo día, el martes 12 de agosto, un millar de inmigrantes de países del África subsahariana han sido rescatados por Salvamento Marítimo en el Estrecho de Gibraltar y trasladados a Tarifa (Cádiz). Se lanzaron al mar desde Marruecos en casi un centenar de pateras, barcazas y lanchas hinchables como las de juguete.
Se trata de la mayor oleada de inmigración irregular desde hace muchos años, pero los dirigentes del PP y sus portavoces ahora no hablan del efecto llamada que se inventaron cuando gobernaba Zapatero, porque ahora no hay un ministro socialista al que echar la culpa de la llegada masiva de inmigrantes. ¿Recuerdan las críticas a Jesús Caldera?
Cuando José María Aznar perdió las elecciones, en España había un millón y medio de inmigrantes en situación irregular: no tenían contrato de trabajo ni estaban inscritos en el respectivo padrón municipal. Ante esa situación, el Gobierno del PSOE aprobó unas normas para que pudieran regularizar su situación los inmigrantes que llevaran tres años residiendo en España y presentaran un contrato de trabajo. Lo hicieron unos 700.000 y empezaron a cotizar a la Seguridad Social y a pagar impuestos, como los ciudadanos españoles.
LUCES Y SOMBRAS DE ZAPATERO
Zapatero hizo muchas cosas mal, sobre todo en su segunda legislatura, y también hizo otras bien, especialmente durante sus primeros cuatro años de mandato. Esa regularización de inmigrantes sin papeles fue una de ellas, pero los dirigentes del PP no podían admitirlo públicamente y se dedicaron a decir, en todas partes y a todas horas, que eso suponía papeles para todos y provocaba un efecto llamada que iba a animar a muchos inmigrantes a lanzarse al mar en cualquier barcaza o cayuco para llegar de manera irregular a su paraíso, España.
El paso de los años ha demostrado que esa hipótesis era falsa porque, cuando aumentó el control de España y Marruecos sobre los pasos fronterizos y los puntos de salida desde la costa africana, disminuyó la llegada de inmigrantes indocumentados en cayucos, lanchas o pateras. Y, como siempre, la mayor vía de entrada de inmigración irregular en España continuaron siendo los aeropuertos, porque muchos llegan como turistas y se quedan a vivir de manera ilegal. Pero los dirigentes del PP tampoco lo admitieron y, como era previsible, siguieron sin reconocer que se habían equivocado en sus críticas. No sorprende: es lo habitual en los grandes partidos políticos.
MÁS MANO DURA
Tras ganar las elecciones y llegar a La Moncloa, el Gobierno de Mariano Rajoy ha endurecido la política con la inmigración: ha dejado sin tarjeta sanitaria a un millón de inmigrantes, en vez de adoptar medidas para evitar los abusos que algunos cometían con nuestra Sanidad pública y mantener la asistencia sanitaria a los que la necesitaban; ha suprimido el fondo que se estableció en 2005 para la acogida, integración y refuerzo educativo de los inmigrantes; ha reducido la partida destinada a la cooperación para el desarrollo; y los ayuntamientos, que tienen muchos problemas económicos y continúan sin ver aprobada la Ley de Financiación de las Haciendas Locales que prometió el Gobierno, se han visto obligados a reducir drásticamente el dinero que dedicaban a financiar la integración de los inmigrantes.
A pesar de esas medidas endurecedoras, casi 1.000 inmigrantes desesperados se han lanzado al mar en un solo día para intentar buscar una vida mejor en España o en otro país de Europa. Los dirigentes del PP no pueden decir que esta avalancha humana es consecuencia del efecto llamada, porque entonces estarían criticando al Gobierno de su partido, y atribuyen esta llegada masiva a las buenas condiciones climatológicas y la mar en calma, a pesar de que las autoridades marroquíes han reconocido que ha habido fallos en el control de los puntos de salida. Y el coro de incondicionales palmeros que siempre aplaude en los medios de comunicación y no ve criticable nunca ninguna decisión del Gobierno guarda silencio o lo justifica con interpretaciones peregrinas.
EL ALCALDE DE VITORIA
La nota discrepante la ha puesto el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (del PP), quien han dicho que la política de ayuda a la inmigración que aplica el PNV lleva a muchos inmigrantes a vivir del cuento -de las ayudas sociales que reciben- y a no querer trabajar. Le han apoyado otros compañeros de su partido.
Dice el alcalde que esas ayudas sociales provocan un efecto llamada sobre los inmigrantes hacia el País Vasco, lo que ha llevado a una «inmigración masiva» desde que se crearon esas ayudas en 1980. Pero los datos le desmienten: a pesar de ser la comunidad autónoma que mejor trata a los inmigrantes, allí no llegan al 7 por 100 del total de la población mientras la media de España supera el 10 por 100.
El efecto llamada no existía antes ni existe en la actualidad, como acaba de demostrar la mayor oleada de inmigrantes irregulares pese a las duras medidas que ha adoptado el Gobierno. Lo que existía antes y existe ahora son miles y miles de personas que se mueren de hambre en países de África, que no tienen ningún futuro para ellas y sus hijos y que, en su desesperación, no dudan en pagar a las mafias y jugarse la vida en cayucos, pateras o lanchas hinchables para intentar huir de su país y buscar una vida mejor. Muchas han muerto en ese empeño.
Se trata de un drama humano que debería remover las conciencias de todos los políticos y gobernantes de España y de Europa, porque la única solución es ayudar a que esos países se desarrollen y puedan ofrecer algo más que hambre a sus ciudadanos. Si no se hace eso, se podrán poner vallas más altas y sofisticadas en los pasos fronterizos, aumentar la vigilancia o hacer lo que se quiera, pero el drama continuará: miles de personas seguirán esperando en Marruecos la oportunidad de intentar salir de allí, aunque se jueguen la vida en el intento.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
El Gobierno de Castilla-La Mancha decidió en 2012 desclasificar tres refugios protegidos de fauna, Ecologistas en Acción recurrió esa medida y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la ha declarado nula.
Según la sentencia, ese decreto fue aprobado sin exponerlo previamente a información pública y sin escuchar a personas y entidades representativas en el sector. En democracia, las formas son muy importantes. Y el Gobierno de María Dolores de Cospedal, por no respetarlas, ya se ha llevado varios varapalos judiciales.