En febrero de 2013 Mariano Rajoy aseguró: «Yo, desde luego, nunca modificaré la Ley Electoral sin consenso». Ahora, por el contrario, él y su partido están dispuestos a llevar a cabo esa reforma aunque sea en solitario y sin el apoyo de ningún partido de la oposición, para establecer que el alcalde o alcaldesa será quien encabece la lista más votada y así impedir la posibilidad de pactos entre varios partidos para elegir a otra persona.
Lo grave no es que pretendan aprobar esta reforma, porque en un sistema democrático cualquier ley puede ser modificada por el Parlamento. Es más, la reforma de la Ley Electoral es necesaria. Lo realmente grave es que, a pesar de la gran importancia de esta ley, el presidente y su partido planteen su propuesta cuando faltan solo nueve meses para las próximas elecciones municipales y autonómicas –lo que obligará a tramitarla con prisas y sin la reflexión y el debate necesarios– y, según dicen en el partido, que incluso estén dispuestos a aprobarla aunque sea sólo con sus votos.
A estas alturas del partido -léase legislatura-, después de casi tres años de Gobierno del PP, a nadie puede sorprenderle que Rajoy y los populares estén dispuestos a aprobar una ley únicamente con sus votos, por muy importante que ésta sea. Ya lo han hecho en varias ocasiones. Pero siempre queda la esperanza de que reflexionen y no sigan burlándose de la democracia con decisiones autoritarias. Pues no: con su holgada mayoría absoluta en el Congreso aprueban lo que quieren, aunque sea con el rechazo unánime de los demás grupos parlamentarios.
PARA NO PERDER ALCALDÍAS
En el PP niegan que esta propuesta sea una maniobra para no perder alcaldías, como parece que ocurrirá según las encuestas y sus malos resultados en las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Pero la oposición, de manera unánime, opina lo contrario y coincide en que el objetivo de los populares es evitar que los pactos poselectorales entre fuerzas políticas de izquierdas les arrebaten muchos ayuntamientos. Madrid podría ser uno de ellos.
Para defender su propuesta, en el PP echan mano de la demagogia: ¿acaso no es democrático que el alcalde sea el de la lista más votada?, se preguntan. Y muchos ciudadanos, planteadas así las cosas, dicen que sí, que eso es lo más lógico. Naturalmente.
Pero no explican que la propuesta de Rajoy permitirá que un partido pueda gobernar en una ciudad aunque logre solo el 20 por 100 o el 30 por 100 de las papeletas en las urnas, por ejemplo, si ha sido el más votado. Con la Ley Electoral actual es muy posible que, en ese caso, otros partidos negocien tras las elecciones y pacten un alcalde de consenso, que contará con el respaldo de varias formaciones políticas que en conjunto representen el 60 por 100, 70 por 100 o incluso más. El PP gobierna ahora en distintos ayuntamientos gracias a pactos de este tipo, que son totalmente legítimos, lo mismo que otros partidos.
ALCALDES CON POCOS VOTOS
Con la reforma que propone el PP esos pactos ya no serían posibles y podría darse la paradoja de que, en ciudades donde se presenten muchas candidaturas, pueda ser alcalde el candidato de una lista que obtenga muy poco respaldo ciudadano pero que sea la más votada.
Hay quien opina que esta bofetada a la democracia, una más, podría ser corregida en parte si en la futura ley se estableciera una segunda vuelta en las elecciones, como ocurre en otros países de la Unión Europea: si ningún partido obtiene el 40 por 100 de los votos, por ejemplo, o el porcentaje que se acuerde pero siempre elevado, los ciudadanos vuelven a votar entre las dos listas que más han conseguido y sería alcalde quien encabece la más votada en esa segunda vuelta, por mayoría simple. Y existen otras fórmulas a estudiar.
Ante el aluvión de críticas que ha recibido la propuesta de Rajoy, desde todos los partidos del arco parlamentario, en el PP ya ha habido quienes dicen estar dispuestos a hablar de la posibilidad de una segunda vuelta. Pero otros dirigentes de ese partido, como el presidente de Galicia, Alberto Núñez-Feijoo, insisten en pedir al presidente del Gobierno que siga adelante con su propuesta aunque no consiga el apoyo de ningún otro partido.
RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
Desde el PP aseguran que a partir de septiembre van a hablar sobre este asunto con los demás grupos del Congreso, para intentar el consenso. Pero toda la oposición, con el PSOE como principal partido, les ha respondido que esta reforma no debe ser debatida hasta después de las elecciones municipales de mayo de 2015. Aprobarla antes y con prisas, dicen, sería como cambiar las reglas del juego a mitad del partido, y eso no es democrático.
Si el PP se atreve a reformar sin un mínimo consenso una ley tan importante como ésta, considerada uno de los ejes de la democracia, será escandaloso. Pero a sus dirigentes, salvo excepciones, no les importará el escándalo ni las críticas con tal de lograr su objetivo de blindar para su partido alcaldías que sin esta reforma saben que van a perder.
Nunca en toda la etapa democrática se ha modificado la Ley Electoral sin acuerdo al menos entre los dos grandes partidos. Pero existen precedentes de que el PP, llegado el caso, no tendrá inconveniente en hacerlo: nunca se había modificado un estatuto de autonomía con los únicos votos del partido que gobierna, pero la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, no ha tenido inconveniente en reformar el de su comunidad para modificar el modelo electoral.
Como la esperanza es lo último que se pierde, habrá que esperar que en esta ocasión se imponga el sentido común en Mariano Rajoy, el PP y todos los partidos, pospongan esta reforma hasta después de las elecciones y entonces la aprueben con el máximo consenso.