La Junta de Castilla-La Mancha ha trasladado ante la Cámara Alta, el Senado, su propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica «justa», que garantice un acceso a los servicios públicos con el mismo nivel de calidad con independencia a la residencia.
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta regional, ha llevado ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado las peticiones de la región para el avance en amortización fiscal, y también ha aprovechado para señalar que la Junta está «a la espera» de que el Gobierno de España comunique la fórmula para determinar el importe de deuda que se perdonará a Castilla-La Mancha. El pacto entre PSOE e independentistas catalanes recoge la condonación del 20% de la deuda catalana con el Estado, algo que se hará extensible a todas las demás regiones, pero que se determinará la cuantía de la quita de deuda «caso a caso», como ha aclarado el Gobierno.
El propio Ruiz Molina había declarado anteriormente que Castilla-La Mancha solicitará una condonación de deuda mayor del 20%, la aplicada en Cataluña, porque la región está «infrafinanciada». De este modo, el Ejecutivo castellanomanchego pedirá que este perdón fiscal ascienda hasta los 5.300 millones de euros, de los 12.000 millones que debe la región al Estado.
Armonización fiscal para evitar la desigualdad entre comunidades
Para Ruiz Molina, la nueva financiación autonómica, uno de los melones que se abre en esta legislatura que acaba de comenzar, es que la propuesta asegure el «principio de suficiencia y que esta debe ser dinámica y no condicionada a la evolución del ciclo económico». El Gobierno castellanomanchego defiende el principio de equidad como baremo, y debe ser vertical – entre los diferentes niveles de administración -, como horizontal – entre comunidades autónomas.
Además, Ruiz Molina ha hecho hincapié en una armonización fiscal que permita que los tributos «se apliquen de la misma forma en todos los territorios». Así, se evitarían «situaciones de desigualdad entre comunidades en política tributaria, como consecuencia de las ventajas de las que gozan algunas con respecto a otra», ha defendido el consejero.