El pasado 15 de julio comenzó una nueva temporada de caza en Castilla-La Mancha al abrirse la media veda a la que seguirá el descaste en berrea de ciervos machos y la caza mayor.
«Los funcionarios de la Junta encargados del control de este tipo de actividad en la región debían de ser los agentes medioambientales, agentes de la autoridad, policía administrativa especial y policía judicial genérica», recuerda en nota de prensa el secretario general estatal del Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de UGT y secretario regional, Rubén Paz, quien puntualiza que «de facto no lo son, ya que no se les nombran servicios en los días de mayor incidencia de estas modalidades de caza». De hecho, continúa, «no ha habido agentes medioambientales de servicio para el control de la media veda en toda Castilla-La Mancha».
La preocupación de UGT va más allá porque denuncian que tampoco ha habido ningún agente de servicio nocturno en esta época de «esperas al jabalí».
En este sentido, indican que «lo peor no es esto, lo peor es que ni lo ha habido ni se le espera». A ello se suma que «en breve se abrirá la época de caza selectiva durante la berrea de los ciervos y tampoco habrá agentes».
Rubén también recuerda que en época de monterías «sí habrá de agentes de servicios», pero «serán unos 20 por provincias y fin de semana para cubrir miles de cacerías».
Así están las cosas y «difícilmente podremos controlar las posibles ilegalidades», refiriéndose a los furtivos.
Por todo ello, desde UGT solicitan a la Consejería de Agricultura, a su consejera, María Luisa Soriano, y a la presidenta María Dolores de Cospedal, que «se comprometan desde la legalidad a controlar una actividad, la caza, que según se deriva de sus declaraciones y del Borrador de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, es una actividad importantísima a nivel social y económico para nuestra región».
Por ello piden que se nombren servicios en las fechas clave de esta actividad, que se empiecen a nombrar servicios nocturnos, se controle la modalidad del rececho (sobre todo en montes públicos y espacios naturales protegidos) y que «cumplan con el compromiso de 705 agentes medioambientales, no los 500 que ahora estamos».