El sindicato CISF ha pedido hoy al Gobierno que preside María Dolores de Cospedal que convoque de manera urgente una oferta pública de empleo para ampliar y mejora la plantilla de trabajadores de la Administración castellano-manchega, donde consideran que ha habido una sangría sin precedentes en ningún otro territorio de España.
“En cinco años, el número de empleados públicos en nuestra región ha disminuido en un 9’34%, cifra sin parangón con el resto de Comunidades Autónomas. Es inexcusable que el gobierno de Castilla-La Mancha cambie esta situación con urgencia”. Afirma el sindicato en un comunicado hecho público hoy. “La sangría de personal al servicio de las Administraciones Públicas en Castilla-La Mancha hace necesaria, más que nunca, la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo que mitigue una precariedad escandalosa y asegure mantener para los ciudadanos unos servicios básicos (sanidad, enseñanza, servicios sociales, etc.) públicos y de calidad”, argumentan.
En cuanto a la Junta, Castilla-La Mancha tiene 66.272 empleados públicos autonómicos, “una ratio de 3’19 por cada 100 ciudadanos, prácticamente la media de todas las comunidades autónomas. Ocupamos el octavo lugar de 17, muy por debajo de Extremadura, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Navarra, etc.”, dice el sindicato.
En total la comunidad autónoma tiene en la actualidad 119.405 empleados públicos en las diferentes Administraciones (Central, Autonómica y Local), lo que supone una ratio de 5,75 por cada 100 ciudadanos, “cifra mucho más baja que, por ejemplo, la existente en Extremadura, Castilla y León o Madrid”.
Dice CSIF que “según datos del Boletín Estatal del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en los últimos cinco años el peso del sector público, en términos de personal, ha disminuido a nivel nacional en un 3’25%, existiendo en la actualidad 2,52 millones de empleados públicos”.
De acuerdo con este Boletín, en el pasado lustro han desaparecido 114.594 trabajadores, entre funcionarios y empleados de empresas públicas. La Administración General del Estado es la que ha tenido una menor reducción con un 2’82% de su plantilla, mientras que en las comunidades autónomas ha habido un ajuste del 3’62% y en las entidades locales el recorte ha sido del 10’92%.