Mario Gutiérrez, Roberto Rincón y Juan José González, miembros de CSIF CLM.
El sindicato CSIF ha presentado hoy más de 10.000 firmas de empleados públicos de Castilla-La Mancha a través de las que reclaman «la recuperación de los derechos laborales y salariales» e instan a la presidenta, María Dolores de Cospedal, a «negociar y acordar, cuanto antes, medidas imprescindibles para empezar a recuperar las condiciones laborales y salariales destruidas durante los últimos años».
CSIF, que es el sindicato mayoritario en las administraciones públicas de CLM, pide que algunas de estas medidas sean «atendidas y aprobadas en el Debate sobre el Estado de la Región (que se celebra el miércoles 3 y el jueves 4). Se lo merecen los trabajadores de las administraciones públicas de la Junta y lo exigen los servicios fundamentales que prestan a los ciudadanos», han indicado en rueda de prensa.
El sindicato insiste en «la necesidad imperiosa de convocar una Oferta de Empleo Público, al menos en el Servicio de Salud de CLM (Sescam), que tantas carencias muestra a diario. Una oferta muy conveniente para los profesionales, ya que el 91,48 por 100 de los contratos firmados en 2013 en CLM por profesores y sanitarios fueron temporales y, por lo tanto, muy precarios; e imprescindible para mantener y mejorar la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos en múltiples áreas claves como Sanidad, Educación o Servicios Sociales».
Y recuerdan que en los últimos cinco años en CLM el número de empleados públicos se ha reducido en un 9,34 por 100, «lo que no tiene parangón en ninguna otra comunidad autónoma».
PROMOCIÓN INTERNA «TRAS UNA LARGA TRAVESÍA DE VARIOS AÑOS DE RECORTES»
Solicitan además una promoción interna «que suponga, tras una larga travesía de varios años de recortes, un aliciente laboral y económico para miles de empleados públicos de la región. Y también ha llegado la hora de que la Junta proceda a la devolución de los días de asuntos particulares y de los adquiridos por antigüedad».
Piden acabar con la rebaja salarial autonómica del 3 por 100, «una medida extraordinaria y única que nos ha convertido en uno de los colectivos peor tratados en las administraciones públicas españolas», además de exigir el pago de la parte devengada de la extra de diciembre de 2012 y demandar «diálogo y negociación, claves imprescindibles para mejorar la situación de los trabajadores y la de los servicios que se prestan a los ciudadanos».