El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la nueva oferta de empleo público, correspondiente al año 2023, que se llevará a cabo en 2024. Una oferta de empleo público que, según ha detallado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tiene como objetivo consolidar el empleo público, dar estabilidad a las plantillas y reducir la temporalidad, puesto que ya son 25.000 plazas las aprobadas desde el año 2016, lo que se traduce en una media de más de 3.000 plazas al año.
Así lo ha dado a conocer el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida, en Toledo y en la que ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la Oferta Pública de Empleo correspondiente al año 2023. En detalle, ha desgranado que se trata de 1.474 plazas para Sanidad, 818 para Educación y 1.046 para Administración General; y de estas últimas, 686 para personal funcionario y 360 para personal laboral.
En el caso de las plazas de educación, esta es su distribución por especialidades
Ruiz Molina ha explicado que en este montante total de plazas están incluidas las reservadas a personas con discapacidad, que, como en todas las ofertas de empleo público que ha aprobado el Gobierno de Emiliano García-Page, asciende al siete por ciento, es decir, 202 plazas, con el objetivo de fomentar su inclusión sociolaboral.
Esta reserva del siete por ciento se divide, a su vez, en un cinco por ciento de plazas para personas con discapacidad general y que son 148; y un dos por ciento reservadas para personas con discapacidad intelectual, es decir, 54.
Asimismo, ha precisado que, del total de plazas, 2.585 se corresponden con las de nuevo ingreso, a las que se suman las 753 aprobadas para el sistema de promoción interna.
El consejero ha añadido que, tal y como se recoge en el acuerdo del Consejo de Gobierno, los procesos selectivos correspondientes a esta Oferta de Empleo Público en todos los sectores se convocarán mediante el sistema de concurso-oposición. Además, se prevé que la convocatoria de los exámenes en Administración General se haga en el último trimestre de 2024, una vez aprobada también la oferta de empleo público para dicho ejercicio.
Ofertas de empleo público cada año con el máximo porcentaje de reposición
El consejero ha incidido en el “enorme esfuerzo” que está realizando el Gobierno regional para consolidar el empleo público en Castilla-La Mancha y ha resaltado que, con estas sucesivas ofertas de empleo se pretende blindar las plantillas, “para que, si vinieran mal dadas, nunca más los ajustes sean motivo de despido de personal, como ocurrió en la anterior crisis económica; y reducir la tasa de temporalidad en la Administración regional, que ya es una de las más bajas de España, para situarla por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales, tal y como marca la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
“De este modo, cumpliremos el objetivo marcado, gracias a que este Gobierno lleva tomando medidas para la reducción de la temporalidad desde 2016, aprobando cada año ofertas de empleo público con el máximo porcentaje de tasa de reposición permitido por las leyes de presupuestos”, ha enfatizado.
Incorporar personas con discapacidad y facilitar oportunidades de desarrollo profesional
Igualmente, Ruiz Molina ha manifestado la importancia de seguir apostando por otras cuestiones como favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública. En este aspecto, ha recordado que, como consecuencia de la modificación de la ley de empleo público, para este personal está previsto un turno independiente y adaptado; en la misma línea que se ha hecha en las dos últimas convocatorias. Por último, ha destacado que con esta consolidación de empleo se pretende facilitar oportunidades de desarrollo profesional de los empleados públicos mediante la promoción interna.
En definitiva, “mejorar la calidad de los servicios públicos” que se prestan desde la Administración regional y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de esta región, ha concluido Ruiz Molina.