La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha advertido hoy a los ayuntamientos madrileños de Leganés, Boadilla del Monte, Ciempozuelos y Villaviciosa de Odón, al de Manacor (Mallorca), al de Buñol (Valencia) y al de Cuenca, que si persisten en su actitud de no colaborar con la institución, dará traslado a la Fiscalía.
En todos los casos, los asuntos sobre los que no se ha obtenido contestación se refieren a quejas de 2012 y 2013 sobre las que ninguno de los consistorios ha respondido a pesar de los tres requerimientos efectuados desde el Defensor.
Becerril, ha aportado hoy estos datos durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados, donde ha avanzado las primeras conclusiones de la actualización del estudio «Viviendas protegidas vacías» (2013).
También ha presentado el estudio «Telecomunicaciones: demandas y necesidades de los ciudadanos» (2014), y ha realizado un seguimiento de las recomendaciones formuladas en el informe «La realidad catastral en España» (2012).
En el caso del Ayuntamiento de Cuenca las quejas presentadas por los ciudadanos hacen referencia a daños por obras municipales, entre otros.
Las quejas sobre el Ayuntamiento valenciano de Buñol se deben a la duplicidad en los recibos de agua y las del consistorio de Leganés a la protección de usuarios de telecomunicaciones debido a antenas móviles de radioaficionados.
En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) los ciudadanos se quejaban de la contaminación acústica y de la paralización de una obra.
Los vecinos del municipio mallorquín de Manacor, protestan por actividades clasificadas y licencias ambientales ante las molestias y los olores generados por una granja de cerdos y, en Ciempozuelos por la imposibilidad de conectarse a la wifi municipal.
Por último, la queja del Ayuntamiento madrileño de Villaviciosa de Odón se debe a que éste no facilita el ejercicio de funciones al concejal de UPyD.
Durante su comparecencia, Becerril también ha presentado los principales datos sobre las quejas gestionadas por la institución en los primeros seis meses del año.
Así, hasta el 30 de junio de 2014 se han contabilizado 12.255 expedientes de queja en su mayoría sobre la actividad económica, tributos, urbanismo, barreras arquitectónicas y política social y ha ha dirigido a las administraciones más recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales que en el mismo periodo de 2013.
En total, han sido 691 resoluciones de las que, hasta el 15 de septiembre, han sido aceptadas el 70,79 % de las recomendaciones contestadas y el 64,93 % de las sugerencias contestadas.
Becerril ha destacado la buena acogida de las recomendaciones contenidas en el estudio «Viviendas protegidas vacías», según el cual, en 2013 existían más de 10.000 viviendas públicas desocupadas y disponibles para ser habitadas.
Las propuestas realizadas por la institución están sirviendo a las administraciones, según Becerril, de punto de referencia para revisar la manera de gestionar las viviendas protegidas.
Ha recordado que el Ministerio de Fomento incluyó recomendaciones en el Plan Estatal sobre Vivienda y Rehabilitación 2013-2016, aprobado en julio de 2014, como el apoyo a la vivienda en alquiler y la posibilidad de recalificar viviendas protegidas en venta para su puesta en alquiler.
El estudio se realizó con información de todas las comunidades, Ceuta, Melilla y diez ayuntamientos de capitales con población superior a 350.000 habitantes.
Becerril ha avanzado que todas las comunidades han adoptado medidas para aumentar la eficacia de su gestión, y que muchas cuentan con un plan de inspección y con un Registro de Viviendas, de acuerdo con lo recomendado.
Respecto al estudio «Telecomunicaciones: demandas y necesidades de los ciudadanos» (julio de 2014), ha recordado que su objetivo es mejorar la vigilancia de la Administración sobre el comportamiento y la transparencia de las compañías en la prestación del servicio, los precios, el servicio de atención al cliente, la publicidad y la contratación.
Ha insistido en la necesidad de que los poderes públicos y el legislador sean ágiles y activos en sus actuaciones y ha reclamado rapidez en la tramitación las sanciones para evitar que se perpetúen conductas inapropiadas.
Sobre las recomendaciones formuladas en el estudio «La realidad catastral en España» (2012) ha dicho que muchas de ellas han sido aceptadas en referencia a la modificación de la ficha catastral para dotarla de mayor seguridad jurídica, la mejora de la inspección de las fincas sin titular y la digitalización de archivos.
Además, ha vuelto a pedir a Hacienda que adapte el IBI de terrenos sin urbanizar al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014.
La sentencia señala que si un suelo se ha calificado como urbanizado pero no tiene las características de solar urbano (acceso a agua, luz, aceras…) deberá tributar como suelo rústico.
CUENCA AFIRMA QUE SON ASUNTOS YA RESUELTOS
El Ayuntamiento de Cuenca ha replicado a la Defensora del Pueblo que responderá esta misma semana sobre las dos quejas que tiene pendientes y que se refieren a asuntos «ya resueltos».
Según ha informado el consistorio conquense en nota de prensa, el primer tema está relacionado con una demanda vecinal ya atendida para mejorar la accesibilidad en una calle de la capital, y el segundo es sobre el requerimiento de un trabajador cuyo nombre apareció asociado a una deuda municipal por un error informático.
La portavoz municipal, Consuelo García, ha asegurado que el Ayuntamiento «tiene la voluntad de seguir colaborando con la Defensora del Pueblo como lo viene haciendo desde el año 2011», y ha indicado que desde entonces han tramitado numerosas respuestas, «algunas incluso del año 2009».
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, advirtió esta mañana al Ayuntamiento de Cuenca y a otros seis -cuatro de ellos madrileños- de que si persistían en su actitud de no colaborar con la institución, daría traslado a la Fiscalía.