Emiliano García-Page, alcalde de Toledo, ha criticado la gestión público-privada del nuevo hospital.
«Si hay un espacio en el que claramente no puede haber lucro económico, ese es el de la Sanidad, el de la salud pública». Son palabras del alcalde de Toledo y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien esta mañana comparecía ante los periodistas y afirmaba que la paralización, de manera cautelar, de la adjudicación de la obra del nuevo hospital de Toledo «es un aviso a navegantes, a grandes empresas a las que están empujando para que hagan grandes inversiones para finalizar la construcción del hospital».
Y en ese sentido ha insistido en que «lo dije ayer y lo digo hoy para que nadie se lleve a engaño, lo primero que hará el próximo Gobierno de Castilla-La Mancha si hay cambio político en mayo es recuperar la Sanidad pública que entre todos habíamos construido en esta región».
Page ha reiterado que este tipo de fórmulas en la gestión, «las de dar cabida a la empresa privada y al negocio eh la gestión de la Sanidad pública no solo salen caras desde el punto de vista de la salud, porque no solo empeoran los servicios que se prestan a los pacientes, sino que al final salen más caras desde el punto de vista económico, porque las administraciones tienen que salir al rescate de empresas que entran en pérdidas».
El dirigente socialista dice que, más que la decisión del Tribunal de Contratos del Ministerio de Hacienda, le preocupa «la paralización de la obra que estaba en marcha del futuro hospital, paralización que decidió llevar a cabo Cospedal nada más tomar posesión y sin haberse preocupado de cómo estaba ese proyecto, porque lo que tenía en la cabeza es que quería parar esa obra para terminarla con un modelo distinto». Y ha afirmado que «el proyecto público-privado de hospital que quiere sacar adelante Cospedal supone un hospital más pequeño que el actual, con menos servicios para los pacientes, pone en riesgo los empleos de 400 trabajadores y que, encima, es más de 500 millones de euros más caro que el del anterior Gobierno socialista, que era de construcción y gestión enteramente públicas».