La consejera de Economía y Empleo de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ha aplaudido la iniciativa de las patronales de Cuenca, Soria y Teruel de pedir en Bruselas fondos que permitan a estas tres provincias paliar el despoblamiento, y ha abogado por un cambio de concepto en la Unión Europea que permita acceder a esas ayudas.
A preguntas de los medios en la inauguración del último curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha, Casero ha indicado que sería conveniente modificar los conceptos que tiene la Unión Europea «sobre cuáles son las zonas de baja densidad, y a través de esa modificación conseguir fondos para dinamizar las zonas más despobladas» de la región.
La consejera ha recordado, además, que el Gobierno regional participa en el Grupo de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico y apoya las reivindicaciones de todos los grupos, también las de las organizaciones empresariales.
En este sentido, ha recordado que precisamente Cuenca acogerá este otoño la próxima reunión del grupo.
También el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, ha asegurado que apoyan la iniciativa de los empresarios y que ha mantenido con ellos reuniones para estar al corriente de su labor.
En rueda de prensa, Prieto ha manifestado que el año pasado él se desplazó a Bruselas para pedir fondos para el período 2014-2020, y ha avanzado que el próximo lunes llevará el problema del despoblamiento en Cuenca a la Comisión de Entidades Locales del Senado.
Desde el PSOE de Cuenca, el secretario de Organización Luis Carlos Sahuquillo ha resaltado que «la mejor forma que tiene Prieto de luchar contra la despoblación es decirle a Cospedal que deje de cerrar escuelas rurales, despedir a médicos y desmantelar nuestro hospital».
Según Sahuquillo, la provincia de Cuenca ha sido «la más castigada por los recortes» de toda Castilla-La Mancha, lo que se ha traducido en una pérdida de población de 12.000 habitantes en tres años, según sostiene el PSOE en nota de prensa.
Asimismo, Sahuquillo ha acusado al Partido Popular de rechazar en las instituciones aquellas iniciativas que podrían contribuir a paliar ese despoblamiento, como la petición para la provincia de Cuenca de un plan de inversiones similar al de Teruel.