En un país donde la gran mayoría de los políticos ha borrado de sus diccionarios el verbo dimitir, la decisión que ha adoptado el ya exministro de Justicia ha sorprendido a muchos. Pero, tras la rotunda desautorización que había recibido por parte de Mariano Rajoy, quien ha paralizado la reforma de la Ley del Aborto, Alberto Ruiz-Gallardón ha hecho lo único que podía hacer: dejar su cargo y, con él, su sueño nunca confesado de llegar a presidente del Gobierno. Lo ha dejado todo… al menos por ahora.
Nadie podrá negar que Ruiz-Gallardón es un político de raza, que ha gobernado la Comunidad de Madrid y ha sido alcalde de la capital de España gracias a las cuatro mayorías absolutas que consiguió en las urnas. Un político que durante años se presentaba como un verso suelto dentro del PP, aparentando una imagen ideológicamente más de centro y menos de derechas de lo que realmente ha sido siempre.
Pero nadie negará, tampoco, que todo el capital político que había atesorado en esos y otros cargos -no se olvide que, a sus 27 años, Manuel Fraga lo nombró secretario general de Alianza Popular- lo ha tirado por la borda en sus dos años y nueve meses de ministro de Justicia. Su gestión ha sido tan mala que ha pasado de ser uno de los ministros mejor valorados por la ciudadanía en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a ocupar los últimos puestos de la lista.
TODOS CONTRA ÉL
Ruiz-Gallardón ha logrado el lamentable récord de concitar el rechazo contra él de todo el mundo jurídico: todas las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, -tanto las progresistas como las conservadoras, que son las mayoritarias-, los abogados, los funcionarios de los juzgados y tribunales y, por supuesto, los ciudadanos que tienen que acudir a la Administración de Justicia.
Casi todas las leyes que ha propuesto -varias están paralizadas en el Congreso de los Diputados y no llegarán a ser debatidas, mientras otras ni siquiera han llegado a salir de su Ministerio- han sido polémicas y han provocado duras críticas desde el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Pero él, fiel a su estilo, ha seguido adelante con esos proyectos y, entre rectificaciones a medias -como la que le obligó a rebajar las escandalosas tasas judiciales que había decidido implantar-, en las pocas ocasiones en que han sido aprobados por las Cortes únicamente han logrado los votos a favor del PP frente al rechazo de toda la oposición.
Lo del aborto ha sido la gota que ha colmado el vaso de sus errores. El PP, en el programa electoral con el que ganó las elecciones generales en 2011, se comprometía a promover «una ley de protección de la maternidad, con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas», y también a cambiar «el modelo de la actual regulación sobre el aborto, para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores». Ni más… ni tampoco menos.
CRÍTICAS GENERALIZADAS A SU PROPUESTA
Con ese objetivo, Rajoy encargó a Ruiz-Gallardón que elaborase un anteproyecto para modificar la Ley del Aborto aprobada durante la etapa de Zapatero. El ministro lo hizo, pero fue mucho más allá de lo que le había pedido el presidente y de lo que preveía el programa electoral del PP. Como se suele decir, se pasó siete pueblos: su propuesta levantó todo tipo de críticas -no sólo entre las asociaciones feministas sino incluso de dirigentes del PP y de casi todos los presidentes autonómicos de este partido, e incluso en Europa-, porque suponía retroceder 30 años en la regulación legal de un tema tan delicado como éste. El aborto pasaba de ser un derecho de la mujer a un delito que no se castiga con la cárcel.
En España no existía un problema ni un clamor social contra la Ley del Aborto heredada de Zapatero, que era muy similar a las de los países de la Unión Europea. El problema llegó cuando el departamento de Ruiz-Gallardón elaboró un anteproyecto que sustituía la ley de plazos por otra de supuestos: según su propuesta, una mujer sólo podría abortar en caso de violación o de riesgo para la salud física o psíquica de la madre; ni siquiera cuando se detectaran graves malformaciones en el feto podría interrumpir su embarazo, cosa que permite la ley en vigor.
Rajoy había declarado que no pretendía derogar la ley de Zapatero sino modificarla en «dos o tres cosas», entre ellas el artículo que permite que una niña de 16 o 17 años pueda abortar sin informar a sus padres, cuando exista el peligro de que sufra maltrato al anunciarles su embarazo. Éste es el punto más polémico de la ley actual, que Rajoy pretende modificar.
SE HA IMPUESTO EL INTERÉS ELECTORAL
Cada cual tendrá su opinión sobre qué ley es mejor, la que está vigente de plazos o la que promovía Ruiz-Gallardón de supuestos. Pero ese no es hoy el debate. De lo que hablamos es de un ministro que ha dimitido porque el presidente, el Gobierno y los dirigentes de su partido le han dejado solo por razones electorales: a Rajoy le habían advertido de que las encuestas vaticinan una importante pérdida de votos del PP en las próximas elecciones si seguía adelante con su reforma del aborto, muchos más que los que pueda perder de los sectores más conservadores si no la lleva a cabo.
Tras ese aviso, el presidente ha optado por no poner en peligro un buen número de votos y tanto él como el Gobierno han pasado de una encendida defensa de la propuesta de Ruiz-Gallardón a hablar de que no se puede aprobar una ley tan importante sin consenso. Y ha decidido sacrificar a su ministro de Justicia. O le ha dejado caer, si lo prefieren. Pero no olvidemos que este proyecto de ley, aunque es conocido por el nombre del ministro que lo ha promovido, también es achacable a todo el Gobierno, porque el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en diciembre de 2013.
Esto recuerda una de las frases del actor y cómico estadounidense Groucho Marx, uno de los tres famosos hermanos, el que fumaba puros: «Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros».
A Ruiz-Gallardón hay que reconocerle un mérito: ha dimitido como hay que hacerlo y no a medias como hizo Esperanza Aguirre; ha renunciado a ser ministro, a su escaño de diputado y a su cargo en la dirección del PP.
Y de Rajoy hay que decir que, por primera vez desde que gobierna, ha dado marcha atrás en una ley porque dice que no ha logrado el consenso necesario para aprobarla. Es una buena noticia. Lo que hace falta es que, a partir de ahora, imponga esta norma y el PP deseche la costumbre de aprobar leyes sólo con los votos de su mayoría absoluta, como ha hecho con leyes muy importantes sobre Educación, Sanidad y otras materias.
Si a eso se sumara la dimisión o destitución de algún que otro ministro, animado por el ejemplo del titular de Justicia, sería estupendo. Pero no se hagan ilusiones: los ministros, como los demás cargos públicos españoles -salvo contadas excepciones- continúan sin conjugar el verbo dimitir.