El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, acompañado por los diputados Fernando Cabanes y Pablo Fontelos, ha visitado esta mañana el municipio toledano de Villaluenga de la Sagra, donde ha sido recibido por el alcalde de la localidad, Francisco Javier Parra, y la Corporación municipal. Arturo García-Tizón ha anunciado en Villaluenga “la necesidad de hacer políticas de austeridad, pues si se realizan con rigor se logrará que en un plazo razonable vuelva el empleo, la recuperación de la actividad económica y que en poblaciones como Villaluenga, en las que se ha notado mucho el desempleo, se pueda volver a tener un futuro prometedor”.
Por su parte, el alcalde de Villaluenga de la Sagra, Francisco Javier Parra, ha agradecido la visita institucional de Arturo García-Tizón, y la posibilidad de enseñarle el destino del dinero de los Planes Provinciales, que en su mayoría se destinarán a la pavimentación de calles en la Urbanización Campo de Oro. Por su parte, el presidente ha indicado que «Villaluenga, al igual que el resto de los municipios, se beneficia de las inversiones de los Planes Provinciales, realizados con la idea de que los municipios no se endeuden más, motivo por el que se acordó que las aportaciones municipales no superasen el 5 por 100, para que no les supusiese una carga excesiva en sus economías domésticas»
El presidente de la Diputación continúa con la ronda de visitas a las localidades toledanas con el fin de conocer la realidad de cada comarca. En el caso de Villaluenga de la Sagra, Arturo García-Tizón ha destacado la tremenda incidencia que ha tenido en la localidad la crisis de la construcción, por lo que se hace más necesaria que nunca la ayuda de la Institución que preside.
El presidente ha mantenido una reunión con la Corporación para conocer de primera mano las necesidades de Villaluenga de la Sagra y muy especialmente las prioridades en materia de obras. Durante la visita, García-Tizón también ha conocido la implantación de los nuevos contenedores de carga lateral de recogida de residuos sólidos urbanos, facilitados por el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales, con el fin de mejorar la prestación de un servicio que, además, no tiene ninguna carga económica para los Ayuntamientos.