El fiscal provincial de Albacete, Juan Francisco Ríos Pintado, ha denunciado la falta de medios con los que los dieciséis fiscales de la provincia tienen que trabajar, ya que las plantillas de funcionarios son las mismas desde hace más de una década.
Ríos Pintado ha lanzado este mensaje en la sede del Tribunal Superior de Justicia, donde ha presentado la memoria de actividad relativa a 2013 en la provincia albacetense, y donde ha propuesto que se reflexione sobre una posible reordenación de las competencias ante la magnitud de asuntos donde el trabajo de los fiscales está presente.
El fiscal provincial ha repasado cada capítulo de actividad de la institución, y ha destacado los 29.711 procedimientos penales incoados, sumando diligencias previas, diligencias urgentes y juicios de faltas, y ha dicho que aunque no hay un aumento de la delincuencia sí preocupa «el aumento de estafas por Internet» como ofertas de venta fraudulentas, alquileres de pisos y apartamentos que no son tal, o el robo de datos bancarios.
El fiscal ha señalado que dieciséis fiscales y diecisiete funcionarios son los que hacen todo el trabajo, y lo hacen «sin espacio, en dos sedes donde no tenemos sitio».
Juan Francisco Ríos ha dicho que sufren «un serio problema de medios personales y materiales», y ha dicho que en la sede del TSJ «la plantilla de funcionarios es la misma desde 2002», mientras que en la sede de la calle Tinte «la plantilla es la misma desde el año 2000».
Ante esta situación, el fiscal propone «una reordenación de competencias», y ha puesto como ejemplo las visitas a residencias de mayores que deben realizar para inspeccionar las situaciones de incapacidad, «con 48 residencias que hay en la provincia» y los problemas financieros que supone tener que costear desplazamientos.
El fiscal también ha pedido «reflexionar» sobre la calificación penal de las faltas, porque «dan muchísimo trabajo» y a veces tienen que ver con infracciones que podrían resolverse por la vía administrativa, como por ejemplo «unas pintadas en una pared».
El fiscal también ha advertido del «problema grave» de la suspensión de vistas orales, ya que en el año pasado hubo casi 1.500 juicios suspendidos en juzgados de lo Penal, Audiencia y juicios de faltas, un 25 por 100 de los señalados.