El ex secretario municipal de Yunclillos Carlos Estévez, acusado de falsear el acta de un pleno en 2007 en lo relativo a un convenio urbanístico, ha asegurado no haber incurrido en ninguna ilegalidad, mientras que su testimonio sólo ha sido refrendado por la entonces edil del PP y hoy alcaldesa, María Jesús Redondo.
La mayor parte de los restantes testigos han asegurado no recordar qué sucedió en el pleno municipal clave para la vista celebrada hoy en la Audiencia de Toledo, mientras que han contradicho abiertamente el testimonio del ex secretario el entonces alcalde y primer teniente de alcalde y el querellante, el constructor Rafael Fernández.
Dicho juicio se reanudará mañana al no haber dado tiempo a las partes a valorar las pruebas y elevar a definitivas sus conclusiones, tras escuchar la declaración de 15 testigos y escuchar la cinta grabada del pleno municipal celebrado en Yunclillos el 2 de mayo de 2007, en la que, según el ministerio fiscal y la acusación particular, queda demostrado que el acusado miente.
Las preguntas del fiscal y de la acusación particular han ido dirigidas a demostrar si en el pleno de 2 de mayo de 2007 se dejó pendiente la aprobación de un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la sociedad Alinavaltoja (regentada por Rafael Fernández), a la espera de que el consistorio recibiese un informe técnico de la Mancomunidad Sagra Baja, para lo que se hacía una delegación de competencias a la alcaldía.
Éste es el planteamiento que ha defendido el acusado, quien asegura que este tema fue tratado durante el pleno y así lo hizo constar en el acta de sesiones, que fue aprobada en la siguiente sesión plenaria celebrada el 13 de junio.
Sin embargo, la mayoría de los testigos que han prestado hoy declaración han asegurado que, dado que los hechos sucedieron hace mucho tiempo no «recordaban» lo que allí se dijo, con la excepción de la actual alcaldesa de Yunclillos, quien ha afirmado que en el pleno sí se trató este asunto, pese a haber declarado lo contrario durante la instrucción de la causa, según han subrayado el fiscal y el acusador particular.
Por su parte, el entonces alcalde de Yunclillos, el socialista Críspulo Gómez, ha asegurado que él no recordaba que se hiciera ninguna delegación de competencias a su favor ni que faltase ningún informe de la Mancomunidad Sagra Baja «porque todos los informes eran positivos» a la firma del convenio urbanístico.
El testimonio de la entonces teniente de alcalde, Ana Panadero, ha ido en el mismo sentido que la del exalcalde y también la del constructor perjudicado por la presunta falsedad del acta, Rafael Fernández, quien ha asegurado que el alcalde le dijo que «el convenio estaba aprobado» y que «no faltaba nada».
En declaraciones a Efe en un receso de la vista, el constructor ha indicado que la actuación del secretario municipal, que «se negó» incluso a facilitarle el convenio urbanístico cuando fue a recogerlo, le ha causado un «grave perjuicio económico» pues invirtió 17 millones de euros en la compra de unos terrenos para construir 279 viviendas, finamente fallidas.
Por este motivo, la acusación particular que representa al constructor pide para el acusado pide 4 años y medio de cárcel, igual que el fiscal, y 4 años de inhabilitación (dos menos que el fiscal), mientras que reclama una multa de 370.000 euros frente a los 7.200 que pide el ministerio público.
Por su parte, el abogado defensor pide la libre absolución de su patrocinado por entender que la principal prueba, la de la grabación de la cinta del día de los hechos, «puede estar manipulada», al oirse «varios cortes» durante la reproducción de la misma y no estar en su soporte original.
Además, el letrado de la defensa, Juan Carlos Mencía, también en declaraciones a Efe, ha indicado que este asunto debería haberse dirimido en la vía contencioso-administrativa y no en el derecho penal, «ya que no existe responsabilidad criminal».