Las leyes deberían obligar a dimitir a los políticos, y también a otros cargos de relevancia pública, no solo cuando son condenados en una sentencia porque han hecho algo ilegal sino también cuando no respetan las normas de la ética. Ellos deben dar ejemplo. Quizá parezca una idea exagerada pero, ante los casos de corrupción, prepotencia y despilfarro que nos asfixian a diario, seguro que a todos los ciudadanos nos iría mejor de esa manera, mucho mejor.
El alcalde de Íllora (Granada), el socialista José Francisco Domene, ha tenido que ser obligado a dimitir por Izquierda Unida, con quien gobernaba, porque un juez le ha condenado a ocho años de inhabilitación para cargos públicos por un delito de prevaricación.
En 2008, la empresa municipal Parapanda Comunicación -que él presidía y en cuyo consejo de administración había cuatro concejales del PSOE- adjudicó la gestión de la radio municipal, el periódico local y dos páginas webs del ayuntamiento a una sociedad privada, que pagaría 147.240 euros por tres años de concesión. Lo hicieron sin convocar un concurso público ni facilitar la posibilidad de que otras empresas presentaran ofertas, porque su único objetivo, según la sentencia, era «favorecer» al dueño de la que recibió la adjudicación.
NO CUMPLEN LAS LEYES
Un concejal de IU les advirtió de que esa manera de actuar podía ser ilegal y les pidió que retrasaran la adjudicación para hacer las cosas bien, pero no le hicieron ni caso. Aprobaron su decisión a sabiendas de que era injusta -por eso han sido condenados por prevaricación- y, además, incumplieron la Ley General de Comunicación Audiovisual y un decreto del Gobierno autónomo de Andalucía, que establecen claramente que las emisoras de radio locales deben ser gestionadas directamente por los ayuntamientos y no pueden ser cedidas a empresas privadas.
Otros ayuntamientos también incumplen esa ley y ponen en manos privadas la gestión de sus medios de comunicación, algo que los ciudadanos deberían denunciar siempre que se produzca.
El alcalde de Íllora se negaba a dimitir, alegando que la sentencia no es firme porque la ha recurrido. Pero sus socios de IU le han dicho que si no dejaba el cargo rompían el pacto de gobierno, con lo que el PSOE dejaría de presidir el ayuntamiento. Y se ha tenido que marchar.
LOS MEDIOS PÚBLICOS SON DE LA CIUDADANÍA
Este caso demuestra la errónea y antidemocrática concepción que tienen muchos políticos -tanto del Gobierno central como de los autonómicos y municipales- de los medios de comunicación públicos: creen que deben estar al servicio de ellos y de su partido, no al de la ciudadanía, y hacen todo lo posible para manipular la información en esos medios a su favor.
Quien tampoco quiere dimitir es el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, uno de los beneficiados por las tarjetas de crédito no declaradas a Hacienda que entregó Caja Madrid a 86 consejeros y directivos.
A pesar de estar implicado en ese escándalo, la gran mayoría de la junta directiva de CEIM le ha apoyado para que siga en su cargo unos meses más, hasta que él convoque nuevas elecciones. También continúa en los consejos de administración de las empresas públicas Ifema (Feria de Madrid) y Cámara de Comercio de Madrid. Además, es vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y, después de confusas declaraciones, ha puesto este último cargo a disposición del presidente de dicha organización, que lo ha aceptado.
RODRIGO RATO
A Rodrigo Rato -que fue vicepresidente económico del Gobierno con Aznar, presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los más firmes candidatos a presidir el PP frente a Mariano Rajoy y presidente de Caja Madrid y Bankia- tampoco le gusta la idea de dejar el PP tras el escándalo de la tarjeta de crédito opaca que tuvo a su disposición en la caja que él presidía. El partido tendrá que decidir si, como pide una parte de sus militantes y dirigentes, expulsa a un miembro histórico tan destacado como él.
No ha dimitido ni tiene previsto hacerlo el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, pese a las vergonzosas declaraciones que realizó respecto a la auxiliar sanitaria Teresa Romero, infectada de ébola: dijo que ella había mentido al médico, que no se necesita cursar «un máster» para quitarse el traje contra el contagio de la enfermedad y otras lindezas. Pese a ello, ni ha dimitido ni ha sido destituido por el presidente madrileño: se ha limitado a enviar una carta al marido de esa enferma pidiendo disculpas por sus declaraciones, que reconoce como «desafortunadas». Lamentable.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, no solo no dimite sino que presume de la manera en que ha gestionado la crisis sanitaria provocada por el ébola. Y Mariano Rajoy tampoco la va a destituir, pese a que ha cosechado méritos sobrados desde mucho antes de este problema para haberla apartado del cargo.
ARTUR MAS
El presidente de Cataluña, Artur Mas, debería haberse ido a su casa en noviembre de 2012, porque convocó unas elecciones anticipadas para que Convergència i Unió consiguiera una amplia mayoría absoluta y, bien al contrario, perdió 12 diputados autonómicos. Después metió a los catalanes en el callejón sin salida que toda España conoce, les prometió una consulta que no se va a celebrar y lo que ha logrado es dividir a los ciudadanos de Cataluña, a los partidos favorables al soberanismo y a su propia formación, CiU.
En otras democracias de Europa y el mundo hay ministros que dimiten porque se descubre, por ejemplo, que 20 o 30 años antes copiaron en un examen en la universidad. Se marchan porque los ciudadanos piensan que si fueron capaces de hacer eso, que no es ético ni es correcto, ¿qué no estarán dispuestos a hacer cuando tienen poder político? Aquí, salvo muy contadas excepciones, no deja el cargo nadie ni a tiros. Como dice el refrán, no se van ni aunque les echen encima aceite hirviendo. Es una pena.