La Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta de Castilla-La Mancha han pedido que desaparezca la Delegación de la Junta en Toledo en consonancia con la política de ahorros puesta en marcha por la administración.
En nota de prensa, desde la Junta de Personal de los Servicios Centrales se apunta que «se suprimían las Juntas de Personal de los Servicios Centrales y los Servicios Periféricos de Toledo en base a una supuesta política de ahorro. Aún siendo dos ámbitos de representación distintos (centrales y periféricos) y cuyo supuesto ahorro en la práctica supone reducción de horas sindicales y capacidad de actuación sindical».
En consonancia con esta política de ahorro, la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha solicitado en dos ocasiones al consejero de Presidencia, Leandro Esteban, la supresión de la Delegación de la Junta de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo con la amortización de los cargos de libre designación y la integración de todos los empleados públicos que actualmente trabajan en la misma como unidad de la Dirección General de Función Pública y Justicia.
«Esta petición ha parecido enfadar al titular de este Organismo Provincial, Fernando Jou, (que contesta en el lugar del consejero de Presidencia) con enumeración de empresas y organismos eliminados por el Gobierno Regional. Pero sin responder a nuestra pregunta: por qué suprimen las Juntas de Personal de SSCC y SSPP unificándolas en una sola y no suprimen la delegación de la JCCM en la provincia de Toledo».
Desde la Junta de Personal de Servicios Centrales consideran que con esta medida se pretende «la reducción de los representantes sindicales y el menoscabo de las condiciones de los trabajadores de la Administración Regional».
Así, por ejemplo, mencionan que a los representantes de la Junta de Personal «se les niega la entrada en la Consejería de Hacienda», además «por cuarto año consecutivo se mantiene la congelación salarial» y destacan, entre otros aspectos, que «no se ha suprimido organismos como el Consejo Consultivo, donde recalan exaltos cargos de esta administración con salarios superiores a 6.000 euros al mes».