Las comunidades recibirán cerca de 42 millones para la implantación este año de la nueva Formación Profesional Básica (FPB), -2,8 millones serán para Castilla-La Mancha-, de los que 26,5 millones, el 63,5 por 100, procederán del Fondo Social Europeo (FSE), y el resto será financiado por Educación.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy los criterios de reparto entre las autonomías, acordados en la Conferencia Sectorial de Educación del 30 de junio pasado, así como la distribución resultante para el año 2014.
«Al tratarse de costes de implantación, el Ministerio de Educación asumirá con cargo a su propio presupuesto su financiación» y adelantará las cantidades del FSE, explica Educación en un comunicado.
Para calcular la distribución autonómica se consideraron el coste por cada alumno de FPB y el diferencial con los programas alternativos que podría cursar (ESO y PCPI), así como el número de matriculados que estudiarán en estas nuevas enseñanzas formativas.
La cofinanciación del Fondos Social varía entre el 50 y el 80 %, según la comunidad.
El Ministerio dedicará cerca de 900.000 euros a la implantación en Ceuta y Melilla.
Todas las autonomías recibirán la financiación que pidieron para la implantación de la FPB, ha asegurado a Efe la secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio.
Tan solo es «cuestión de semanas» que los fondos comiencen a llegarles, pues ya están suscritos «todos» los convenios bilaterales con el Ministerio de Educación para este fin.
«En la realidad, se están implementando todos los cambios con toda normalidad y sin ningún tipo de rechazo», ha indicado al ser preguntada por comunidades como Andalucía, Asturias y Canarias, que se han manifestado reiteradamente en contra de la reforma educativa.
Además, las cantidades que las comunidades habían estimado que necesitaban para la implantación eran muy «parecidas» a lo que había calculado el propio Ministerio.
Por último, se han superado los «problemas», según la secretaria de Estado, planteados cuando esas comunidades criticaron que el texto del convenio que tendrían que firmar para recibir la financiación elogiaba la reforma educativa. La cofinanciación del FSE «se anticipará» con cargo al capítulo 8 del presupuesto (activos financieros) de gastos del Ministerio y la aportación del Gobierno corresponderá al capítulo 4 (transferencias corrientes).
Una vez justificadas las acciones (de implantación) por las comunidades y recibidos los pagos del FSE, éstos se utilizarán para «compensar los anticipos» efectuados a aquéllas «sin salida material de fondos», a través de la «amortización» de los fondos por el Ministerio en sus estados de gastos.
La proporción de los fondos del FSE sobre el total de financiación de cada comunidad varía debido al diferente grado de implantación que tenían los PCPI en cada una de ellas y, por tanto, el coste que supondrá transformarlos en Formación Profesional Básica, ha explicado Gomendio. El coste implica principalmente una mayor necesidad de profesorado porque la FPB consta de dos años obligatorios, mientras que el segundo curso de los PCPI era voluntario y la «mayor parte» de los alumnos no lo cursaban.
El coste también depende de cuál sea el objetivo de crecimiento de la FPB en cada comunidad. La financiación total de la FPB será superior a los 600 millones de euros: 42 millones en 2014; 128 millones en 2015; 256 millones en 2016 y 181 millones en 2017.
Según Educación, la FPB es «esencial» para reducir la tasa de abandono escolar temprano, que se reconoce unánimemente como una de las mayores debilidades del sistema escolar español.
El objetivo es ofrecer «al final» de la enseñanza obligatoria una oferta formativa «atractiva» que puede conducir al mercado laboral o a seguir en las enseñanzas profesionales.