Casi tres años después de que el Partido Popular empezara a gobernar, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y otros dirigentes de su partido siguen achacando todos los males de España a «la herencia recibida» de Zapatero. ¿No se dan cuenta que ese latiguillo ya no les sirve, porque el timón de mando lo manejan ellos desde hace 34 meses?
José Luis Rodríguez Zapatero, tras una primera legislatura con decisiones y leyes importantes y beneficiosas para la ciudadanía -sobre todo en asuntos de carácter social-, inició su segundo mandato plegándose a los dictados de la Unión Europea y empezó a aplicar recortes. Además, dejó olvidado en el cajón buena parte de lo que había prometido en su programa electoral.
Pero eso ya lo saben bien los ciudadanos, porque sufrieron sus consecuencias y, además, echaron en falta que cumpliera unas cuantas promesas electorales. No hace falta que el PP lo siga recordándolo día sí y día también después de tanto tiempo.
CRÍTICAS JUSTIFICADAS DEL PP
El Gobierno de Mariano Rajoy inició su mandato criticando la herencia que había recibido del PSOE. Es lógico que lo hiciera, y tenía motivos para ello, porque al llegar a la Moncloa detectó que ni siquiera eran reales los datos que les habían transmitido los socialistas sobre la situación de la economía española.
El argumento de que recibieron un país que estaba hecho unos zorros puede servir durante unos meses, un año, incluso algún tiempo más si se quiere. Pero cuando se sigue utilizando como la causa principal de los problemas, después de 34 meses al frente del Gobierno, se cae en el ridículo. Esto le ha ocurrido a Montoro.
Esta semana, durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, el ministro se ha agarrado a esa frase como a un clavo ardiendo y la ha repetido con insistencia: «la herencia recibida».
TRIUNFALISTA Y FALTÓN
Con su habitual estilo triunfalista y faltón -ironizó sobre los conocimientos de Economía del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que es doctor en Economía y profesor universitario de esta materia-, Montoro dedicó buena parte de su intervención a hablar de la mala herencia recibida, del estado lamentable en que Zapatero dejó a España, pero olvidó -o no- que eso mismo ya lo había dicho hace un año, cuando presentó las cuentas del Estado para 2014, y hace dos, cuando hizo lo mismo con las de 2013.
Montoro tuvo que escuchar críticas muy duras y generalizadas de todos los partidos de la oposición, desde el PSOE a los más pequeños: sólo el PP y el diputado de UPN, que es la marca del Partido Popular en Navarra, defendieron los Presupuestos Generales. El resto de formaciones políticas del Congreso, 12, presentaron otras tantas enmiendas contra esas cuentas públicas y solicitaron que sean devueltas al Gobierno para que redacte otras más ajustadas a la realidad actual y menos triunfalistas.
Cualquier persona con sentido común podría pensar que si todos los partidos del Congreso están en contra de una propuesta concreta quizá pueden tener algo de razón, aunque sea solo en aspectos parciales. Cualquiera, menos Montoro, el Gobierno y el partido que lo sustenta, el PP: las 12 enmiendas fueron rechazadas con los votos de los «populares», sin intentar previamente alguna negociación, que para eso tienen mayoría absoluta y acostumbran a despreciar la posibilidad de alcanzar acuerdos con los demás grupos aunque el asunto sea tan importante como éste. También lo han hecho esta semana al imponer al nuevo presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), pese al rechazo que ha provocado incluso entre los trabajadores de esa corporación.
Hay que confiar -aunque la experiencia no permite albergar muchas esperanzas- que los PGE sean mejorados durante su tramitación en el Parlamento, con enmiendas parciales. Porque las cuentas que ha presentado Montoro son tan poco realistas que parecen elaboradas para otro país, no para la España de casi cinco millones y medio de parados (23.67 por 100), según la última Encuesta de Población Activa. Y eso que el desempleo nos ha dado la buena noticia de que en el tercer trimestre se ha reducido en 195.000 personas.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
La profesora Matilde Castilla, delegada de STE-CLM Intersindical, va a ser juzgada el 27 de octubre en Ciudad Real por «desobediencia a la autoridad» porque, en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, solicitó autorización para una concentración de protesta y la Junta Electoral Provincial la prohibió.
Aunque el sindicato acató esa decisión y suspendió la convocatoria, cinco meses después ella ha recibido una citación para el juicio porque celebraron una improvisada rueda de prensa en la calle, para explicar a los periodistas los motivos de la suspensión de la protesta. Ante tal disparate, la única respuesta lógica debe ser que la Fiscalía no formule acusación.