El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, ha advertido hoy de la complejidad de aplicar la sentencia que obliga al Gobierno regional a readmitir a casi 500 interinos, si bien ha subrayado que la Junta dará cumplimiento «cabal y exacto» de la misma.
En rueda de prensa, Leandro Esteban ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha actuado para «preservar el interés general de los ciudadanos», y ante la petición de los sindicatos de que dimita por este hecho él mismo y el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, ha respondido: «No estoy de acuerdo».
Esteban ha desvelado que fue el pasado viernes cuando el Gobierno regional decidió retirar el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo en relación a la sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCM) que declaró nulas las órdenes del 20 de agosto de 2012 por las que fueron despedidos casi 500 interinos.
Ha insistido en que la Junta tomó esta decisión tras un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia y ha señalado que la ejecución de la sentencia, en la que trabajan los técnicos y servicios jurídicos de la Junta, es «técnicamente complicada».
Entre otros aspectos, ha apuntado que no ha sido cada trabajador afectado el que ha acudido a los tribunales sino los sindicatos, lo que contribuye a esta complejidad.
«Tendremos que ir dando pasos para conseguir un objetivo fundamental: dar cumplimento cabal y exacto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha», ha aseverado.
Sobre las decisiones tomadas por el Ejecutivo regional desde la sentencia del TSJCM, conocida el pasado enero, ha afirmado que «la única lectura que se puede hacer es que el Gobierno de Castilla-La Mancha trata de preservar el interés general de los ciudadanos y toma dentro de su ámbito de decisión aquellas medidas que considera oportunas».
Así, ha recordado que cuando se firmaron esas órdenes por la que fueron despedidos casi 500 interinos, el Gobierno autonómico tenía «colapso en materia de cuentas públicas» y una «dimensión» de la Administración desproporcionada, consecuencia de la «herencia recibida» del anterior Ejecutivo socialista.
Así, lo que buscaba el Gobierno del PP, ha continuado, era «garantizar los servicios sociales básicos», es decir «poder salvar lo esencial».
Con todo ello, Esteban ha subrayado que la Junta respeta «escrupulosamente aquellas decisiones que se produzcan en el ámbito judicial».