Los casos cada vez más frecuentes de corrupción política han llegado en España a niveles tan escandalosos que no basta con que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya pedido disculpas. Es lamentable que el PP -el partido con más cargos públicos implicados en los últimos casos, pero no el único- y el PSOE no hayan sido capaces de alcanzar un gran pacto contra la corrupción, implicando al resto de partidos del Congreso de los Diputados. Han demostrado que les preocupan más sus intereses partidistas electorales que el interés general de la ciudadanía.
El domingo 26 de octubre, Rajoy dijo ante muchos alcaldes del PP que los casos de corrupción son «cosas que no nos gustaría que se produjeran», pero quitó importancia a unos escándalos que importan, y mucho, a los ciudadanos: «Unas pocas cosas no son 46 millones de personas», precisó.
CONTRATOS A CAMBIO DE COMISIONES
Al día siguiente, a Rajoy probablemente se le indigestó el desayuno cuando supo que esas «pocas cosas», que se suman a los muchos casos de corrupción actualmente investigados por los jueces, se incrementaban con otro de mucha trascendencia: la Guardia Civil había detenido a 51 personas -finalmente quedaron en 35-, entre políticos, empresarios y funcionarios municipales de distinto nivel, porque presuntamente participaban en una amplia red delictiva dedicada a conceder contratos públicos de ámbito local y autonómico a empresas que pagaban comisiones ilegales del 2 por 100 o el 3 por 100, amañando para ello las condiciones fijadas en dichos documentos, con la ayuda de algunos funcionarios.
Se trata de un asunto muy grave para España y para cualquier ciudadano, pero lo es especialmente para Rajoy y su partido: uno de los detenidos es Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, ex consejero de Esperanza Aguirre cuando ella presidía esa comunidad autónoma y su hombre de confianza; otro, el presidente de la Diputación de León, el también «popular» Marcos Martínez; de los seis alcaldes madrileños detenidos, cuatro son del PP uno del PSOE y otro independiente: también han sido detenidos otros cargos del PP…
El PSOE e Izquierda Unida, con el apoyo de los demás partidos de la oposición, reclamaron que el Congreso celebre un Pleno extraordinario dedicado exclusivamente a debatir sobre la corrupción política, con la comparecencia de Rajoy, y a buscar medidas para combatirla entre todos los partidos. El PP, con su mayoría absoluta en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, ha rechazado esa propuesta, con el argumento de que ya se celebró un pleno sobre esa cuestión. Una decisión errónea.
UN DEBATE QUE ERA NECESARIO
Ha dicho el portavoz del PP que ellos no van a promover más debates de este tipo, porque son «destructivos», sino otros «positivos» en noviembre para apoyar medidas legales contra la corrupción y para la regeneración de la democracia. ¿Alguien ha dicho que la adopción de esas medidas sea incompatible con debatir en un Pleno extraordinario sobre la corrupción?
Los ciudadanos, entre ellos muchos votantes del PP, probablemente habrían recibido muy bien ese debate, lo mismo que recibirán bien cualquier medida que apruebe el Congreso para intentar salir de la ciénaga en la que unos golfos y delincuentes de guante blanco -muchos aún presuntos y otros ya condenados- están convirtiendo a España.
Sorprende que el Gobierno y el PP hayan promovido y aprobado leyes en sólo un mes o poco tiempo más, cuando han tenido interés en hacerlo, y en este tema de la corrupción política Rajoy lleve ya 20 meses anunciándolas en el Congreso sin que todavía se hayan concretado. A ver si es verdad que en noviembre lo hacen.
También sorprende que el PSOE se niegue a buscar un pacto con los «populares» y las demás fuerzas políticas, con la excusa de que el PP, según los socialistas, es «el partido de la corrupción».
UN ERROR DEL PSOE
Pero Rajoy no debería responder a este error del PSOE volviendo a recordar la ya famosa herencia recibida de Zapatero, tres años después de estar gobernando él, o achacando al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, todo lo que hicieron con anterioridad los dirigentes de este partido, cuando él era un diputado y no ocupaba ningún cargo de responsabilidad en el mismo.
Los ciudadanos querrían ver al partido del Gobierno y a los de la oposición mirando al futuro, adoptando medidas del máximo control en sus respectivas formaciones políticas y aprobando en el Congreso decisiones eficaces contra la corrupción política. Mientras no lo hagan, la ciudadanía seguirá pensando que se preocupan más de sus intereses partidistas que de los de España en general. Esta nueva bofetada, en contra de lo que piensen ahora, puede pasarles factura en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015.