La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Talavera sigue buscando una solución legal para las diez familias realojadas en un edificio en la ciudad propiedad de Mosacata S.L., una empresa inmobiliaria dependiente de Liberbank, a la que han pedido que retire la denuncia que ha interpuesto contra sus ocupantes.
El conocido como ‘Edificio Dignidad’, llamado así porque fue ocupado durante el paso por Talavera de la ‘Marcha por la Dignidad’ con destino Madrid, está situado en el callejón de San Francisco y en él han sido realojadas diez familias talaveranas que no tienen donde vivir, un total de 13 adultos y 17 menores de edad.
Después de haber estado dos semanas con pancartas en la puerta de la oficina principal de la antigua Caja Castilla-La Mancha, hoy responsables de la PAH han podido reunirse con representantes de la entidad financiera y de la propiedad del inmueble, que ha denunciado por la vía penal a estas familias, que deberán hacer frente al juicio el próximo 4 de noviembre.
El portavoz de la Plataforma, Julio Pérez, ha asegurado a Efe que, ante la presión social, han cedido y han comenzado un proceso de negociación para ofrecer una respuesta a esta situación en el plazo de dos semanas.
La primera petición de la PAH ha sido la retirada de la mencionada denuncia, «pero no han cedido, por lo que haremos todo lo posible para que entiendan que no pueden denunciar a personas que si hacen esto es por un acto de absoluta desesperación, ya que no tienen otra alternativa», ha explicado Pérez.
También desde la Plataforma se ha solicitado un alquiler social para estas familias que no disponen de ningún tipo de recurso.
Su portavoz ha afirmado que ha sido una reunión «positiva», porque «al menos se han comprometido a iniciar un proceso de negociación que estará resuelto en dos semanas».
Además, ayer, ocho de estas diez familias consiguieron el empadronamiento, ya que el alcalde, Jaime Ramos, paró la sesión plenaria durante quince minutos para recibir a parte de sus integrantes que se encontraban entre el público con carteles en los que informaban de que se les había cortado la luz.
La PAH ha pedido al Ayuntamiento «que se implique en los procesos de negociación con Iberdrola para que no les dejen sin luz» y el próximo lunes sus portavoces mantendrán una reunión con Ramos, «para ver qué se puede hacer con el edificio» y exigirle «que se pronuncie respecto al realojo de estas familias».
Según Pérez, «viven con el miedo constante de que en cualquier momento les puedan desalojar sin tener otra alternativa habitacional y con la amenaza de un proceso penal en el cual podrían enfrentarse a penas de cárcel».