Si los ciudadanos exigieran con toda rotundidad que se cumpla el derecho que tienen a recibir información veraz y plural desde los medios de comunicación -tanto públicos como privados-, según garantiza la Constitución, otro gallo nos cantaría. La democracia sería más completa, habría más transparencia en la actuación de las instituciones y, por qué no decirlo, probablemente serían menos los casos de corrupción que están convirtiendo en irrespirable el clima político español; porque los medios servirían también para controlar la actividad de los políticos y cargos públicos con más eficacia.
Lamentablemente, los ciudadanos no defienden este derecho suyo como lo hacen con otros. Incluso hay muchos que opinan, erróneamente, que esto «es cosa de los periodistas». No es así, es un derecho de ellos, de la ciudadanía.
DÍA DE LUCHA EN EUROPA
Por séptimo año consecutivo, la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha convocado el 5 de noviembre como día de lucha en defensa del periodismo y la información, con el título «En pie por el periodismo». En España, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) -que pertenece a la FEP- y otras organizaciones se han sumado a esta convocatoria.
No se trata de una «cosa de los periodistas», sino de un derecho constitucional de la ciudadanía. Son los ciudadanos los titulares de ese derecho y, por eso mismo, ellos deben exigir que se cumpla lo mismo que reclaman una sanidad y una educación gratuitas, por ejemplo.
LIMITAR LA CONCENTRACIÓN DE MEDIOS
En esta ocasión, la FEP ha dedicado este día a denunciar que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos perjudica seriamente el pluralismo informativo y, por tanto, daña el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información veraz y plural. Una vez más: no hablamos de un derecho de los periodistas, sino de los ciudadanos.
En otros países europeos y de otras partes del mundo la ley fija unos límites a la concentración de los medios en un propietario único. Argentina ha sido uno de los últimos en regular esta materia, con la oposición del todopoderoso grupo Clarín y de grandes empresas de comunicación españolas que tienen intereses económicos allí. En España, no. Aquí, además, si la ley impide que un mismo grupo pueda tener varias cadenas de televisión o acaparar gran parte de un mismo sector de la comunicación, se modifica la ley o se busca alguna artimaña para saltarse a la torera esa norma legal, como ya ha ocurrido.
Habrá quien opine que un empresario puede poner en marcha todas las empresas que quiera, siempre que lo haga legalmente. Si se trata de fábricas de patatas o de cerveza, sí; si son medios de comunicación, no. ¿Y por qué no? Pues porque la información no es una mercancía más para venderla como las patatas o la cerveza, sino un derecho fundamental, constitucional y humano que tiene la ciudadanía.
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS
Las empresas de comunicación tienen legítimo derecho a intentar ganar dinero -en la actual situación de crisis casi ninguna lo consigue-, pero también poseen un carácter social que las obliga a actuar de una manera distinta a otros empresarios.
La Federación Europea de Periodistas, y también las organizaciones que han secundado la convocatoria del 5 de noviembre en España, han hecho un llamamiento a los periodistas y a toda la ciudadanía para que reclamen al Gobierno medidas concretas que fomenten el pluralismo informativo e impidan la concentración de los medios en pocas manos, porque en este caso existe el peligro -ya demostrado en la práctica- de que pueden utilizar esos medios exclusivamente en su propio beneficio, ya sea por intereses económicos o políticos, olvidándose por completo de la función social que también deben cumplir.
Hecho queda el llamamiento. Una vez más. Mientras la ciudadanía no tome la iniciativa en esta materia, ni el Gobierno ni los empresarios de los medios de comunicación ni los grandes partidos políticos van a mover un dedo para hacer nada.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Las organizaciones SEO/Bird Life y Ecologistas en Acción han denunciado que el naviero Alejandro Aznar -marido de Mónica Oriol, la polémica presidenta del Círculo de Empresarios- ha realizado obras «ilegales» en una finca de su propiedad en el Parque Nacional de Cabañeros.
Además de la investigación que lleve a cabo el Organismo Autónomo Parque Nacionales, el Gobierno de María Dolores de Cospedal debe actuar con urgencia, dentro de sus competencias, y acordar las medidas y sanciones que correspondan si comprueba que, como aseguran los ecologistas, en esa finca han ampliado la vivienda, han construido una pista de grava compactada de casi dos kilómetros que ocupa parte de una vía pecuaria y han instalado otra línea eléctrica.