El Gobierno central ha informado de que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, cuenta con menos efectivos de seguridad que su antecesor en el cargo, José María Barreda.
El Ejecutivo ha respondido así a la pregunta escrita formulada sobre este asunto por los diputados castellano-manchegos del PSOE en el Congreso, Guadalupe Martín, Alejandro Alonso, Isabel Rodríguez, Magdalena Valerio, Luis Sahuquillo y Manuel González, según recoge hoy el Boletín Oficial de las Cortes Generales consultado por Efe.
En su respuesta, el Gobierno defiende que el servicio de protección de la presidenta regional «se adecúa al nivel de seguridad mantenido por sus predecesores y homólogos en otras comunidades autónomas o con responsabilidades similares en organizaciones políticas».
Explica que la protección de los presidentes autonómicos constituye una de las funciones asumidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ésta es reforzada, continúa, cuando se prevé el desarrollo de actos de concentración que, sin haber cumplido con la obligación de comunicación previa a la Delegación del Gobierno, se desarrollan ocupando la vía pública en coincidencia con actos a los que acude el máximo representante autonómico.
Así, subraya que las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ajustan en todo momento a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
A su juicio, la necesidad de reforzar o mantener la seguridad de cualquier presidente autonómico no constituye «una medida extraña» y recuerda que «numerosas comunidades autónomas han adoptado instrumentos legislativos con el propósito, entre otros, de mantener la seguridad de expresidentes autonómicos», como los gobiernos de Extremadura y Andalucía.
Con todo ello, el Ejecutivo apunta que el número de efectivos destinados a este servicio, que incluyen a dirigentes autonómicos y nacionales independientemente de su militancia política, ha descendido considerablemente desde la puesta en marcha del plan sobre reducción de escoltas en marzo de 2012.
Esta reducción también se ha aplicado a la Presidencia de Castilla-La Mancha, cuyo servicio de protección cuenta con menos efectivos que los que contaba su predecesor, señala.