Durante tres días, Mariano Rajoy ha guardado un sorprendente silencio ante un problema tan serio como es la celebración en Cataluña de un simulacro de referéndum, camuflado como «proceso participativo» y en el que han participado más de 2.300.000 personas, pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
Después de tres días de silencio, el presidente del Gobierno se vio obligado a comparecer ante los periodistas. Lo hizo el miércoles, respondió a una veintena de preguntas y obtuvo el dudoso logro de poner de acuerdo a todos los partidos de la oposición, e incluso parte de militantes y votantes del PP, que se sintieron decepcionados al escucharle porque comprobaron que Rajoy sigue erre que erre repitiendo las mismas frases sobre este asunto -con razón en varias de ellas- pero no propone nada para intentar resolver un problema que es real, que existe y que no se va a solucionar únicamente dejando pasar el tiempo.
Tiene razón el presidente del Gobierno cuando dice que no va a aceptar la convocatoria de un referéndum «de verdad» para que los catalanes decidan si quieren separarse de España, porque eso lo impide la Constitución y en una democracia las normas legales están para ser cumplidas.
UNA TERCERA PARTE SON MUCHOS
También tiene razón cuando subraya que, pese al triunfalismo que ha mostrado Artur Mas, en esta consulta solamente ha participado una tercera parte de la población catalana mayor de 16 años y sin las garantías que deben acompañar a cualquier consulta en un sistema democrático. Pero, ojo, más de 2.300.000 ciudadanos acudiendo a las urnas, aunque éstas sean de cartón y sin suficientes garantías, son muchos y hay que tenerlos en cuenta. No ha sido un fracaso.
Hay que darle la razón al presidente, asimismo, porque no ha hecho caso a quienes le pedían que aplicara el artículo 155 de la Constitución -el que permite al Gobierno adoptar medidas sobre una comunidad autónoma cuando ésta no cumple las normas legales o actúa gravemente contra el interés general de España- sino que ha adoptado «una posición más sensata y civilizada», como ha dicho, acorde a una democracia del siglo XXI.
Pero Rajoy pierde mucha razón, y así lo han dicho los portavoces de todos los partidos de la oposición en el Congreso, cuando insiste en decir que él siempre está dispuesto a hablar con el presidente de la Generalitat catalana pero no propone nada para abordar, de una vez por todas, este problema. Porque el problema existe.
DEBE LLEVAR LA INICIATIVA
¿Por qué ha tardado tres días en hablar ante el mayor reto que ha recibido jamás el Gobierno español desde el Gobierno de una comunidad autónoma? ¿Por qué no ha tomado la iniciativa -ya que no lo hizo en su momento, al menos podía haberlo hecho ahora- de presentar alguna propuesta para salir del atolladero en que se encuentra este asunto?
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, es el principal responsable de la situación. Esto no se discute. Ha dividido a su partido (CiU) y a la ciudadanía catalana, que ve cómo su Gobierno y sus diputados llevan dos años dedicados únicamente a discutir sobre este asunto en vez de a resolver los problemas que tienen los catalanes, como toda España, que es para lo que han sido elegidos.
Pero el presidente del Gobierno también tiene una parte de responsabilidad, por no haber cogido el toro por los cuernos desde el primer momento y no llevar la iniciativa. Eso es lo que quieren los ciudadanos de su presidente: que en los asuntos y momentos más graves proponga medidas en vez de esperar a ver si el paso del tiempo lo arregla todo.
Artur Mas se merece muchas críticas y hay que decirle que, si quiere ayudar a los catalanes, lo mejor que puede hacer es marcharse a su casa. Pero esto no impide exigir a Mariano Rajoy que intervenga con propuestas y no se limite a esperar a que escampe el chaparrón. Si no lo hace, no sólo no contribuirá a resolver el problema sino que será una parte del mismo.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Despedir a un trabajador nunca es bueno, pero si se realiza de manera verbal, enviándole a continuación un mensaje por el teléfono móvil para que acuda a firmar el despido, es ilegal, vergonzoso y hasta una provocación. Por eso, el Tribunal Superior de Justicia de esta región ha confirmado una condena a la Junta de Comunidades, por despedir en 2013 a dos conductores interinos por un sms.
El Gobierno de María Dolores de Cospedal ha recibido demasiados varapalos judiciales, que cuestan mucho dinero a los ciudadanos. Un ejemplo: tendrá que readmitir a más de 400 empleados públicos interinos, lo que costará entre 25 y 30 millones de euros.