El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue reclamando de forma urgente un cambio del trasvase Tajo-Segura, puesto que recuerda que el tiempo establecido en el Plan Hidrológico del Tajo ya ha pasado y las nuevas reglas de explotación tienen que salir ya a información pública.
La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha criticado que ninguna de las tres comunidades autónomas que reciben agua del trasvase, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, han enviado ninguna propuesta a la mesa técnica que se creó para este propósito, además de recordar que el plazo para poner en marcha las nuevas reglas venció en febrero, «ya estamos en abril, la pausa es injustificable», ha lamentado.
Así, ha contestado al presidente valenciano, Carlos Mazón, que pedía esta mañana sentarse a dialogar con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, para solucionar el problema del agua, que Castilla-La Mancha «se ha sentado y ha trabajado» para alcanzar una solución, pero que esa pasa por cambiar las reglas de explotación, para las cuales Castilla-La Mancha «lo hizo en tiempo y forma».
«Deberían decir a sus ciudadanos que cuando el Ministerio les pide una propuesta para defender sus intereses, no lo hicieron», ha reprochado.
«El tiempo ha acabado, concretamente en febrero, hay que dar el siguiente paso, que salgan las nuevas normas a la consulta pública. Pedimos con carácter inmediato que sé ese paso. Nunca llegará ese informe si no damos pasos. Cada día que pasa retrasando esta situación», ha insistido Padilla, para añadir que el retraso «no tiene justificación ninguna», dado que entiende que «ha llegado el momento de revertir» la situación con el trasvase Tajo-Segura.
Lo afirma así porque, aunque la cabecera del Tajo tiene una situación inaudita en la última década, con más de 1170 hectómetros cúbicos, es una situación «excepcional» y los problemas de agua volverán, dado que las aportaciones por el cambio climático cada vez son menores, hay que garantizar el «curso natural» del río Tajo, como así lo afirman cinco sentencias del Supremo y la Directiva Marco del Agua de la UE, además de garantizar los usos de la cuenca cedente, como así lo marca también la legislación española.
«Nuestra posición como gobierno es firme, coincide con los expertos, como dice el presidente Page, en armonía con la sostenibilidad, la vida y el sentido común, si el Gobierno de España dice que es ecologista, hay que demostrarlo, si decimos que estamos con la justicia, la naturaleza y la biodiversidad, hay que tomar decisiones», ha abundado la portavoz.
Y es que, según ha recordado Padilla, si las desaladoras del Levante se pusieran al 100% de funcionamiento no haría falta el agua del trasvase, una idea en la que también ha insistido hoy el presidente regional.
Page insiste en la desalación como alternativa al Tajo-Segura: «Es sentido común»