El presidente de la Plataforma de CLM en Defensa de la Dependencia, José Luis Gómez Ocaña, se ha dirigido a encastillalamancha.es para comentar las declaraciones que hizo el director general de Mayores, Dependencia y Discapacidad, Juan José García Ferrer, sobre su colectivo, en una entrevista con este periódico.
En este sentido y ante las críticas de García Ferrer a la Plataforma por iniciar sus protestas justo cuando el PP ha llegado al Gobierno y no cuando se aprobó el baremo que se ha de aplicar, lo que hizo el PSOE, Gómez Ocaña ha manifestado que “no existíamos porque no había necesidad, estábamos cubiertos en pagos y prestaciones, nacemos por los brutales recortes que Cospedal aplica y ha aplicado a la dependencia”. Y asegura que “nuestro único interés es defender una vida digna para los dependientes y criticaremos a cualquier partido, gobierno o administración que entendamos que no tiene una política que se ajuste a las necesidades de los dependientes”.
El dirigente de la Plataforma añade que es cierto que el baremo para establecer los grados de dependencia lo aprobó el PSOE, pero que lo que ellos critican es que “se hacen revisiones de oficio y de forma sistemática” y extralimitándose en lo marcado legalmente. En este sentido, agrega que, además, se dilatan a propósito los plazos entre las valoraciones y el cobro de la prestación, “lo que supone que en estos tres años hayan muertos más de 3.000 dependientes antes de que pudieran empezar a cobrar la prestación”.
Gómez Ocaña insiste en que “la nómina de la dependencia en junio de 2011 en Castilla-La Mancha era de 11,5 millones de euros al mes y ahora algo más de 7”, porque, en su opinión “se hacen revisiones con el único objetivo de retirar la prestación económica; hay casos revisados de grandes dependientes en los que se les ha pasado a hora y media de ayuda a domicilio cuando necesitan atención “24 horas al día”.
El responsable de la Plataforma dice que cumplirán los objetivos de reducir la lista de espera de la dependencia en CLM “si siguen la misma política de rebajar el número de prestaciones a base de revisiones masivas”. Asegura que “según datos de la propia Administración, hay 9.974 beneficiarios menos que en junio de 2011”.
A su juicio el Gobierno de CLM “solo escucha a las organizaciones afines y amigas”, categoría en la que incluye al CERMI, que cataloga de “grupo evidentemente afín al Gobierno y que está callado por las subvenciones, porque ha recibido casi 9 millones de euros en tres años”.
Además, entiende que frente a la opinión de Junta de que hay que imponer los servicios de profesionales en el cuidado de los dependientes “la propia ley dice que la permanencia en el entorno es fundamental, sobre todos en lo casos de grandes dependientes, que lo que quieren es que les cuide su madre, su padre o su hija, pero no que venga una persona de fuera”. “Mantienen lo de los servicios profesionales para quitar prestaciones a 7.306 familias”, agregó.
José Luis Gómez Ocaña muestra su esperanza en el futuro pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de CLM, donde se ha admitido a trámite su denuncia. “Estamos pendientes de sentencia del TSJ sobre la Orden que desarrolla las intensidades en los servicios y prestaciones de la dependencia en CLM, pero tenemos ya sentencias individuales que pegan un buen revolcón a esta administración por sus revisiones de oficio”.
Esa iniciativa se complementa con otras denuncias, como la que se va a presentar en Bruselas. “Hoy mismo dos compañeros van al parlamento europeo a plantear las denuncias de la Plataforma sobre la situación de le dependencia en Castilla-La Mancha”.