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En el Pleno 21/11/2014junio 8th, 2017

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad una resolución en la que muestran su apoyo a los ocho trabajadores de Airbus que han sido procesados por su participación en la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

La resolución, presentada de forma conjunta por parte de ambos grupos parlamentarios, insta al Gobierno regional a que se dirija al Ejecutivo central y le solicite que manifieste su apoyo a los trabajadores y representantes sindicales de Airbus acusados, reconociendo su labor a lo largo de los años, ya que, según afirman, «ha reportado beneficios a la empresa y a los trabajadores».


También solicitan al Gobierno central que «se comprometa a seguir utilizando todos los medios a su alcance para defender los derechos de los trabajadores, así como la libertad de expresión y de huelga de los trabajadores en España».

La diputada del PP en las Cortes María del Olmo ha afirmado que su grupo defiende «absolutamente» el derecho de huelga que se recoge en la Constitución Española y de la actividad sindical, que «ha reportado beneficios».

En esta misma línea, defiende la legitimidad y «gran trabajo» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para «garantizar el derecho de huelga y el derecho al trabajo».

Sin embargo, a su juicio, el problema reside en que la solicitud de más de 66 años de cárcel para los ocho sindicalistas de Airbus «es del todo exagerada y desproporcionada» y, por ello, ha mostrado el apoyo de las Cortes a los sindicalistas procesados.

En este sentido, Del Olmo ha indicado que estos ocho sindicalistas «gozan de un gran respeto en la empresa», ya que han permitido alcanzar mejoras para los trabajadores y para la empresa y por ello, ha sostenido, que los diputados están «en la obligación moral» de mostrarles su apoyo.

Por su parte, la diputada del PSOE en las Cortes Milagros Tolón ha lamentado que estos ocho sindicalistas hayan sido «injustamente procesados» por haber ejercicio el derecho constitucional a la huelga y ha opinado que han visto «pisoteado» este derecho ante la «clara indefensión jurídica» a la que se enfrentan y que, según Tolón, «no corresponde con un Estado de Derecho».

Tolón ha recordado que el día de la huelga «varios centenares» de trabajadores de Airbus se concentraron en la puerta de la fábrica de Getafa para protestar por las medidas del Gobierno central, una actitud que «no puede interpretarse como un comportamiento sospechoso de prácticas delictivas».

En el transcurso de la concentración «se produjeron diversos incidentes, que culminaron con la utilización de armas de fuego» por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que según Tolón «podía haber terminado en tragedia».

Por todo ello, Tolón ha afirmado que no sólo sorprende la instrucción, que se ha prolongado más de cuatro años, sino también la petición de penas de cárcel, ocho años y tres meses para cada uno de ellos.

Tolón, que ha mostrado su respeto al poder judicial, ha manifestado su rechazo al informe de la Fiscalía por «injusto y antidemocrático».

Uno de los procesados, que además ha asistido al pleno de las Cortes, es José Alcázar y, al término de la votación, ha agradecido el respaldo parlamentario y ha recordado que también les han apoyado los ayuntamientos de Parla, Fuenlabrada, Illescas y Getafe y la Asamblea de Madrid.

«No es de razón que se nos quiera poner como criminales, primero por una petición de penas que en la democracia no ha existido y segundo, porque no es una empresa conflictiva», ha explicado Alcázar, que ha destacado que los sindicatos han participado activamente en la negociación colectiva.

Alcázar no ha negado su asistencia a la manifestación, pero ha rechazado que se les acuse «solo por el mero hecho de haber estado en la puerta», y ha lamentado por ello se les solicita «una pena tan dura y tan brutal».

Ha informado de que hoy se les ha comunicado que se les ha citado en Getafe el 10 de diciembre, para celebrar una vista preliminar en la que ha adelantado que no habrá acuerdo, pues considera que no han cometido ningún delito.

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