La misma tarde que José Manuel Molina y Emiiano García-Page, también ha declarado el exviceinterventor del ayuntamiento Francisco Javier Sánchez Rubio, quien emitió un informe en 2008 afirmando que el protocolo por el que el PP concedió los 11,3 millones más a la concesionaria era nulo porque la empresa debía haber tenido previstas las revisiones salariales.
A su salida hoy de su comparecencia como testigo, ha explicado a los periodistas que el expediente debía haber contado con un informe de fiscalización, cosa que no se hizo, ya que hasta 2008 no se le encargó un análisis, aunque no ya sobre el contrato de adjudicación, sino sobre la modificación posterior.
Las comparecencias del caso Bárcenas siguen mañana, cuando deberán comparecer como testigos cinco empleados de Sufi, que en su día fueron interrogados por la UDEF para elaborar el informe sobre esta adjudicación.