Mari Carmen García-Cuerva y Ana Plaza son dos extrabajadoras del Hospital Provincial que llevan protestando una semana a la puerta de la Diputación de Toledo para que la institución provincial «ejecute una doble sentencia de los Juzgados de Toledo» por la que debe readmitirlas, a ellas y a otros 21 trabajadores del Provincial que fueron despedidos el 31 de agosto de 2012 tras el traspaso de este al Sescam.
Ana Plaza (izquierda) y Mari Carmen García-Cuerva se ven obligadas a protestar ante la Diputación.
Mari Carmen explica que la situación de ella y su compañera de protesta es crítica, ya que llevan cuatro meses sin cobrar nada desde que fueran despedidas del Sescam el 31 de julio de este año. Trabajaron para el Sescam desde el 9 de mayo al 31 de julio, gracias a la primera sentencia de los Juzgados de Toledo por la que condenaba a la Diputación a pagar los salarios de tramitación y al Sescam a contratarlas.
Esta exoperaria del Hospital Provincial recuerda que hubo una segunda sentencia de los Juzgados de Toledo por la que condenaba a la institución provincial a readmitirlas y absolvió al Sescam de tenerlas contratadas.
Además de la situación ya de por sí precaria de estas dos trabajadoras, su indignación es grande, ya que protestan por «el hecho de que para retrasar procesos judiciales para su propio beneficio las instituciones ponen todo el empeño, mientras que, como en el caso del Sescam, para ejecutar sentencias en contra de los derechos e intereses de los trabajadores se dan toda la prisa del mundo», proclama Mari Carmen, quien revela que la situación de su compeñera Ana Plaza es especialmente crítica.
Así, cuenta que Ana es viuda con dos hijos: «Para recoger la insulina debe presentar los papeles judiciales en la farmacia». No cobran nada del paro porque están inmersas en un trámite judicial. Tienen a su favor una sentencia cuya aplicación expiró el pasado 14 de noviembre.
LA DIPUTACIÓN SIGUE ARGUYENDO LA «IMPOSIBILIDAD DE READMITIRLOS»
Puestos al habla con la Diputación, fuentes de su departamento de comunicación se remiten al comunicado que hicieron público hace unos días, por el cual argumentan «imposibilidad material y legal de readmitir a los trabajadores, ya que ni existen plazas no hay contenido funcional de los mismos», por ello ha pedido un incidente de ejecución de sentencia.
La Diputación argumenta que los trabajadores afectados «nunca figuraron en la RPT como indefinidos, acabando su relación contractual en agosto de 2012».
La Diputación aducía que «la contratación de estos trabajadores procedía, única y exclusivamente, de la gestión de carga de trabajo derivada de los sucesivos convenios de colaboración suscritos entre la Diputación y el Sescam».