Los 45 jueces decanos de toda España han vuelto a hacer oir su voz para proponer un conjunto de medidas encaminadas a hacer más eficaz y más ágil el trabajo judicial, «especialmente en la lucha contra la corrupción», subrayan. A ver si esta vez, que no es la primera, el Gobierno las estudia con seriedad.
Representan a unos 2.000 jueces, que los han elegido para ese cargo. Hablan desde su experiencia diaria y, debido al puesto que desempeñan, son ellos los que mejor conocen los principales fallos y carencias de la Justicia. Deberían ser escuchados.
MODIFICAR ALGUNAS LEYES
En un documento de 27 folios, que debería ser de lectura obligada para los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, los jueces hacen unas «reflexiones, propuestas y sugerencias» que concretan en 58 medidas. Algunas pueden ser muy costosas, por lo que es difícil que en tiempos de crisis económica como los que vivimos se vayan a llevar a cabo; pero otras no requieren inversión económica, solo reformar algunas leyes y efectuar cambios en la organización de la actividad diaria de los juzgados y tribunales. La corrupción política es el segundo problema que más preocupa a la ciudadanía, después del desempleo, según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Los jueces lo saben muy bien y, precisamente por eso, dedican buena parte de su documento a esta lacra social. «Los casos de corrupción se han multiplicado y el desencanto y la lógica indignación de los ciudadanos crece, en un contexto de desprestigio de lo público».
EL INSOPORTABLE RETRASO DE LA JUSTICIA
En una sociedad democrática no es aceptable que un pleito judicial tarde cuatro, seis, ocho o diez años en ser resuelto, aunque sea por motivos plenamente legales: cambios del juez porque pide el traslado a otro destino, recursos y más recursos del acusado, retrasos en las declaraciones… El último ejemplo es el de Carlos Fabra, quien durante muchos años fue presidente del Partido Popular de Castellón y de la Diputación Provincial: acaba de ingresar en prisión para cumplir una condena de cuatro años de cárcel… ¡11 años después de que se iniciara el procedimiento judicial contra él!
Siempre se ha dicho que una Justicia lenta no es justa. Y es verdad. Por eso, para evitar retrasos tan escandalosos como el citado u otros muchos, los jueces decanos piden más dinero para la Justicia (ahora es aproximadamente el 1 por 100 de los Presupuestos Generales del Estado), incrementar el número de jueces (en España hay 11 por cada 100.000 habitantes y la media en Europa es de 21), modernizar los sistemas informáticos de los juzgados y tribunales, reforzar a un juez en sólo unos pocos días cuando le toca investigar un caso muy complejo sin tener que esperar varios meses como en la actualidad debido a los trámites…
ENRIQUECERSE SIN JUSTIFICACIÓN
Y no solo eso. Respecto a los casos de corrupción, proponen ampliar el plazo para que este tipo de delitos prescriban; elevar las penas para los delitos relacionados con la corrupción; introducir en el Código Penal nuevos delitos como el de enriquecimiento ilícito o injustificado de los cargos públicos durante su mandato y el de financiación ilegal de los partidos políticos, y agravar las penas para estas actividades delictivas, entre otras medidas.
«La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada», dicen los jueces decanos en su documento, «a pesar de que el sistema democrático es, no obstante sus imperfecciones, el mejor que hemos sido capaces de desarrollar en favor de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la convivencia». Nadie puede discutir esa afirmación.
En 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, los jueces decanos presentaron un documento con 70 medidas para mejorar la Justicia, con poco éxito. Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy y en nuevo ministro de Justicia deberían escuchar las propuestas de quienes más saben sobre el funcionamiento de la Justicia y ver cuáles es posible llevar a la práctica.