La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, se ha mostrado «abierta a la negociación» con el sector de las residencias privadas, que quieren reunirse con el Gobierno regional para pedirles una aumento de financiación de 14 a 16 millones para poder realizar su labor.
La consejera ha asegurado que las conversaciones con este sector son «muy fluidas» y en las próximas semanas se reunirán para tratar este y otros asuntos. «Como patronal que son ellos hacen su trabajo al reclamar mayor financiación para ofertar esas plazas concertadas de Castilla-La Mancha«, entiende García Torijano.
En Castilla-La Mancha hay casi 20.000 plazas en residencias que cuentan con financiación pública y la consejera ha apostado por seguir fomentando las prestaciones vinculadas que permiten a las personas mayores elegir en qué residencia quieren esa plaza.
La responsable de Bienestar Social ha recordado que a este concierto social «las empresas se presentan de forma voluntaria, con el precio que marca el Gobierno regional que se acordó con la patronal y con un incremento de casi un 20% en los últimos años respecto a los precios que veníamos arrastrando del acuerdo marco de la época de Cospedal». Además, ha subrayado que «es un precio estable», lo que impide que las empresas hagan ofertas a la baja para conseguir más plazas».
La consejera ha reconocido que «es verdad que tenemos que seguir fortaleciendo el precio, pero la amplia red que disponemos permite que muchas empresas puedan tener hasta el 90% de sus plazas cubiertas por la administración», pero también ha apuntado que este año no se han producido renuncias de plazas por parte de las compañías que participan en el concierto social sino al contrario, están pidiendo más.
Seis años de la Ley de Discapacidad
García Torijano ha hecho estas declaraciones antes de la inauguración de las Jornadas Jurídicas de Discapacidad organizadas en Cuenca por la asociación Aspadec, en un día además en el que se cumplen seis años de la aprobación de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha.
«Fue una ley en la que Emiliano García-Page puso mucho empeño, porque es de justicia social y da cobertura a las personas con discapacidad, pero también a las familias, que pueden estar tranquilas al saber que, cuando no pueden seguir dándoles apoyo, está la administración detrás», ha destacado la consejera.
La responsable del área de Bienestar Social ha asegurado que la ley «está dando respuesta al 100% de las necesidades, especialmente en lo que se refiere a personas con discapacidad que se han quedado sin su red familiar para poder seguir su proyecto de vida». También ha mencionado el papel de las fundaciones tutelares que les ayudan a seguir teniendo la posibilidad de tomar ·decisiones jurídicas sobre su vida·.
El reto ahora es «seguir desarrollándola y adaptándola a la ley estatal para dar todavía mayor seguridad y para que nuestra ley siga siendo un referente a nivel nacional».
El salón de actos de la Delegación de Educación en Cuenca ha acogido estas jornadas sobre la aplicación práctica de la Ley de Discapacidad de Castilla-La Mancha desde el punto de vista jurídico.