La Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a 30 años de prisión al hombre de nacionalidad dominicana que mató dos compatriotas en un piso en 2013, después de que entre las víctimas y el agresor surgieran diferencias por un dinero que había desaparecido del domicilio, donde se traficaba con cocaína.
El condenado D.A.M.R., de 34 años fue juzgado por un jurado popular que le consideró culpable del asesinato de dos personas, L.N.B. y W.A.B., que eran primos y de nacionalidad dominicana, cuyos cadáveres fueron encontrados pro la novia de uno de ellos en un piso ubicado en la calle Baños de Albacete el 3 de marzo de 2013, un día después de que se produjeran los fallecimientos.
Los hechos probados que figuran en la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, que se ha hecho pública hoy, reproducen el veredicto hecho por el jurado, en el que se recoge que desde mediados de enero de 2013, los primos sospecharon que D.A.M.R. había sustraído dinero del domicilio, un dinero que desde entonces «le reclamaron repetidamente».
También se considera probado que el día de los hechos, el 2 de marzo de 2013, el asesino quedó con los primos en el piso de la calle Baños, y en un momento dado, aprovechando que W.A.B. salió a la calle, D.A.M.R. apuñaló a L.N.B., y le causó «varias heridas que le provocaron la muerte por desangramiento».
Al volver W.A.B. al piso, el asesino hizo lo mismo con él, le atacó «por sorpresa» por la espalda y le apuñaló en el cuello, para después irse del piso y deshacerse del cuchillo y de parte de la ropa que llevaba.
La sentencia, que admite recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, remarca que D.A.M.R. confesó el doble crimen ante la Policía, aunque después cambió de versión.
El fallo judicial indica que «no ha dado una explicación razonable» de por qué se autoinculpó de unos hechos que luego dijo no haber cometido.
El tribunal también se pronuncia sobre el retraso mental «leve» que según un informe médico padece el asesino, y un trastorno de personalidad «que le produce miedo persistente», y por ello aplica «una atenuante simple».
Por todo ello, la Audiencia Provincial condena a 15 años de prisión por cada asesinato, cuando el fiscal proponía una condena de 18 años por cada crimen.