El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha asegurado que la nueva Red de Teatros estará basada en «la excelencia artística» y que en la selección de los espectáculos «no primará la afinidad política sino la calidad de las representaciones». En este sentido, Marín ha anunciado que serán los expertos los que supervisarán la calidad de los espectáculos y se contará y se valorará la opinión de los espectadores después de cada obra, entre otros aspectos.
Así, la selección artística se realizará por un conjunto mucho mayor de miembros que cumplan unos requisitos básicos, tales como programadores, visualizadores y evaluadores de espectáculos. Asimismo, se premiará la excelencia artística y de gestión, por lo que al menos dos programadores serán los encargados de avalar que la propuesta cumple el mínimo exigible de calidad.
Además, se creará un Observatorio de las Artes Escénicas en el que se recogerán todo tipo de datos sobre el desarrollo de los espectáculos, incluida la opinión del público y de las propias compañías sobre ellos.
Marín ha anunciado, además, que «por primera vez» la Red de Teatros tendrá «un techo de gasto» y se «reducirá considerablemente la partida destinada a publicidad». En definitiva, ha señalado Marín, «vamos a hacer menos propaganda política y menos publicidad y más gestión y control del gasto».
Además, la nueva Red de Teatros será una Red vigente «los 365 días al año, ya que la cultura no entiende de temporadas. Nuestra voluntad es que de forma progresiva la red pueda funcionar todo el año», ha puntualizado Marín.
El consejero se ha referido también al modelo público-privado que se quiere implantar para la Red de Teatros. «Los mecenas y patrocinadores privados podrán asociar su imagen a la red, beneficiándose de ventajas fiscales y obteniendo un interesante retorno en promoción y publicidad. Los fondos que se obtengan por estas aportaciones permitirían ampliar el techo de gasto que la Junta de Comunidades podría asegurar por sí sola», ha explicado.
Además, Marcial Marín ha adelantado que se producirá «un abanico más amplio de modalidades de contratación, entre las que se incluirá el modelo de parcialmente a taquilla, con el fin de que haya más posibilidades de negociación entre programadores y compañías para encontrar las fórmulas más adecuada para cada espectáculo y recinto».
Marín ha asegurado que «se trata de desterrar el modelo intervencionista de la red, donde se ha generado una cultura cautiva e ideologizada, plenamente dependiente del poder político». Así, el consejero ha desvelado que el Gobierno de Cospedal se encontró con facturas por 4.200.000 euros en deudas directas con las compañías de artes escénicas en concepto de cachés artísticos, ayudas a la producción y giras no pagadas, lo que provocó una situación de asfixia económica».
«La pésima planificación y la ausencia de medidas regulatorias provocaron que en julio del año pasado no existiera crédito para poder afrontar la campaña de otoño, que finalmente se pudo realizar tras la realización de las oportunas modificaciones de crédito que permitieron obtener los recursos económicos necesarios», ha afirmado el consejero.
Según ha afirmado el consejero, «con esta situación, en la Red de Teatros acabó por primar el principio de toma el dinero y corre, es decir, se limitaba a apoyar económicamente a los ayuntamientos en vez de fomentar una enriquecedora colaboración reticular».
Entre algunos ejemplos de los «dispendios» cometidos por el anterior Gobierno socialista, Marín se ha referido a un concierto de Joaquín Sabina en Hellín de mayo de 2006, que costó 170.000 euros, «más 20.000 que se deben a la SGAE. Con estos 170.000 euros se podrían haber contratado más de 40 actuaciones de la Red de Teatros», ha asegurado.
Asimismo, ha aludido a un concierto del grupo musical Maná, que costó 700.000 euros, o el descubrimiento de facturas presentadas por la SGAE en concepto de, por ejemplo, interpretación de obras de Luigi Bocherini, pese a que murió en 1805.
Además, el consejero ha leído un correo electrónico de los anteriores responsables de Cultura con el Gobierno Barreda en el que «incitaba a las compañías a modificar el pago del IVA y a cambiar las fechas de varias facturas ante la imposibilidad de efectuar los pagos».