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viernes, 22 de noviembre de 2024
Imagen de archivo de una almazara en Castilla-La Mancha
Tenían un valor de 850.000 euros - 05 junio 2024 - Malagón

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e investigado a otras cinco por su implicación en más de 40 de delitos de robo de aceituna en explotaciones agrícolas del sur de Madrid para, posteriormente, ser vendida de manera ilegal a una almazara de la localidad ciudadrealeña de Malagón.

Este año, las condiciones climáticas y las características propias del fruto han propiciado que la campaña de recolección de la aceituna se haya alargado en el tiempo, produciéndose un efecto llamada entre los interesados en el sector y generando cierta alarma social entre agricultores de las explotaciones agrícolas de las localidades madrileñas de Villarejo de Salvanés, Valdaracete, Brea del Tajo y Estremera, quienes denunciaron la sustracción de aceituna.


Una vez más, los investigadores de la Guardia Civil evidenciaron la existencia de varios grupos de personas que se trasladaban a estas localidades de Madrid, provenientes de otras zonas de la geografía española, para sustraer la aceituna a primera hora del día y venderla después en una almazara en Malagón sin ningún tipo de contrato legal.

574.000 kilos de aceituna

Por este motivo, la Guardia Civil solicitó ante la autoridad judicial competente la entrada y registro de dicha almazara, donde se aprehendió documentación referente a la compra fraudulenta de 574.908 kilogramos de aceitunas y facturas de venta de aceite por un valor de más de 850.000 euros.

Asimismo, a uno de los responsables de la almazara se le intervinieron 23.535 euros en metálico. Además, se precintaron varios depósitos con unos 45.000 litros de aceite destinados a la venta, apreciándose que sus sistemas de seguridad, sanidad y de gestión de residuos se encontraban obsoletos y en condiciones de precariedad.

Finalmente, la operación policial se ha saldado con ocho personas detenidas y cinco investigadas, ocho hombres y cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 22 y 46 años, a las que se le imputan delitos de hurto, fraude y receptación.

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