El grupo popular se ha opuesto a que el Consejo de Seguridad Nuclear traslade al Parlamento los informes técnicos sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta radiactividad que se va a construir en Villar de Cañas (Cuenca), como había pedido la mayoría de la oposición.
El pasado día 3, el presidente del CSN, Fernando Martí, se comprometió a facilitar esta información durante una comparecencia parlamentaria.
La mayoría de la oposición ha pedido hoy en la Comisión de Industria y Energía del Congreso dichos informes sobre el almacén nuclear y, además, CiU había presentado una propuesta de resolución en ese sentido.
La Comisión ha aprobado hoy por unanimidad el informe de actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear durante 2013 y seis propuestas de resolución de las 68 presentadas.
El portavoz de CiU, Jordi Jané, ha tachado de «inadmisible» el bloqueo del PP a que los grupos conozcan los informes sobre el ATC, entre ellos una Petición de Información Adicional de la dirección de seguridad nuclear del CSN, solicitada por existir «elementos de preocupación» en relación con la geotecnia del terreno donde se ubicará esta instalación, en Villar de Cañas (Cuenca).
La información que pedimos «existe», y el presidente del CSN se comprometió a compartirla, ha denunciado Jané, que ha dicho no comprender la falta de transparencia que denota esta decisión, lo que conduce a pensar que hay «opacidad» y, por ende, «oscuridad».
La diputada popular Encarnación Jiménez ha rechazado las acusaciones de «oscurantismo» y ha explicado que el rechazo se debe al «ánimo constructivo» de dejar trabajar al CSN, no bloqueando su trabajo solicitándole cada documento que emita.
Además, ha añadido, las Peticiones de Información Adicional «no son informes», y ha opinado que «no se ha entendido bien la postura» de su grupo.
El resto de propuestas de resolución no aceptadas por el PP responde, entre otras razones, a que son «planteamientos de política nuclear» no compartidos, como el cierre de Garoña y la paralización del ATC.
Ha defendido la «absoluta independencia» del CSN, puesta en tela de juicio por Izquierda Plural y Amaiur (Grupo Mixto).
Las seis enmiendas negociadas entre los distintos grupos instan al CSN a dotarse de un Código Ético y un plan de comunicación; a crear un grupo de trabajo sobre el radón; a mantener una eficaz política de recursos humanos; y a mejorar la comunicación con los municipios con nucleares en sus territorios.
Además, se pide a Protección Civil revisar el plan general de residuos radiactivos.
Durante su intervención, el socialista José Segura ha reiterado la preocupación de su grupo por la ubicación del ATC, la prórroga de la vida útil de las nucleares y las «presiones» del Gobierno para que el CSN se adapte a sus deseos.
Ha defendido que las centrales no deberían operar más de 40 años y ha pedido revisar los planes de emergencias nucleares y de residuos radiactivos (el último se aprobó hace seis años).
Tras demandar más información sobre los terrenos en los que se va a ubicar el ATC y el cronograma previsto, Segura ha pedido su paralización «dada que su seguridad no está garantizada».
Álvaro Sanz, de Izquierda plural, ha pedido establecer un calendario de cierre de las centrales y paralizar el ATC, mientras que Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) ha dicho observar un deterioro de la imagen del CSN, no por su labor profesional, sino por el modo en que PP y el Gobierno intentan «utilizarlo».