¿Qué dirán ahora los que afirmaban desde hace tiempo que el juez José Castro no se iba a atrever a acusar a Cristina de Borbón, porque es hija de Juan Carlos I y hermana del actual rey de España, Felipe VI? Y los que aseguraban que, bien al contrario, ese juez iba a tratar a la infanta con más dureza que a otros acusados precisamente por ser ella quien es, ¿qué estarán pensando estos días, después de haber visto que ha sido tratada de la misma manera que los otros 16 imputados en este proceso judicial?
Por primera vez en la democracia, una persona que pertenece a la Familia Real española se va a sentar en el banquillo, acusada de haber sido «cooperadora necesaria» en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, en 2007 y 2008. El juez Castro lo ha acordado así, porque considera que existen pruebas suficientes para juzgarla, y en España no ha ocurrido nada extraordinario: esa decisión ha sido la noticia más importante del día y objeto de comentarios en tertulias periodísticas y entre los ciudadanos… pero nada más. Esto demuestra que la Justicia funciona, aunque con mucha más lentitud de lo deseable.
CRÍTICAS A LA JUSTICIA
La actividad de los jueces y magistrados siempre resulta polémica, porque quien pierde un pleito hablará mal de ellos y quien tarda años y años en ganarlo también los criticará. Pero las confabulaciones de las que se habla con frecuencia para favorecer a un acusado sólo existen en la mente de quien las imagina y defiende. En el caso de la infanta Cristina era prácticamente imposible que todas las partes que intervienen hubieran aceptado las supuestas presiones de instituciones del Estado y se hubieran puesto de acuerdo para concluir que no debe ser juzgada porque no ha cometido delito cuando existen indicios racionales suficientes de lo contrario, de que sí incurrido en ilegalidades. ¿Alguien cree posible un acuerdo de ese tipo, que necesitaría la colaboración del juez, el fiscal, el jefe de éste, el fiscal general, el abogado del Estado, los peritos de la Agencia Tributaria y el defensor?
Nadie habría entendido que la infanta no se hubiera sentado en el banquillo, pese a poseer el 50% de la empresa Aizoon, que presuntamente se benefició de los negocios ilícitos de su marido -propietario de la otra mitad- y sí hubiera sido juzgada la esposa del socio de Urdangarin, cuya intervención en este asunto ha sido similar a la de ella.
Pero tampoco se habría entendido, porque sería injusto, que ella hubiera sido tratada por el juez con más dureza que otros acusados por ser hija del rey Juan Carlos. Y no lo ha sido: el juez entendió que debía ser acusada por dos delitos fiscales y por uno de blanqueo de dinero, pero la Audiencia de Palma le ha dicho que no existen indicios suficientes para acusarla de este último delito, por lo que sólo será juzgada como presunta cooperadora de los dos fraudes imputados a su marido. Esto ocurre a diario en muchos casos de los que tramitan los jueces.
LA SEXTA EN LA SUCESIÓN DE LA CORONA
Hasta ahora, Cristina de Borbón, que ocupa el sexto lugar en la sucesión a la Corona, no es culpable de nada y tiene derecho a la presunción de inocencia que la Constitución y las leyes garantizan a todos los ciudadanos. Pero, como le ocurriría a cualquier persona, el juez ha encontrado indicios de que ha cometido dos delitos fiscales y va a ser juzgada por ellos, sin distinción ni favoritismos por ser quien es. Hay que felicitarse, pues demuestra que el estado de Derecho funciona, y esperar a que el tribunal decida en su día lo que sea justo.
En caso de que la Audiencia de Palma atienda los argumentos de los abogados defensores de la infanta, cuando comience el juicio, y considere que no existe fundamento jurídico para considerarla cooperadora necesaria de Urdangarin para cometer los dos delitos citados, el juez pide subsidiariamente que sea juzgada como «partícipe a título lucrativo» del dinero que consiguió su marido presuntamente de manera delictiva, porque se habría beneficiado de ello aunque no hubiera cometido el delito.
EL MENSAJE DEL REY
La noche de Nochebuena existía mucha expectación por escuchar el primer mensaje navideño del rey Felipe VI y ver si hacía alguna referencia a las acusaciones contra su hermana Cristina y su cuñado. No los citó de manera expresa, pero muchos ciudadanos entendieron que también se refería a ellos, además de a todos los políticos implicados en casos de corrupción, cuando dijo: «Necesitamos una profunda regeneración de nuestra vida colectiva. Y, en esta tarea, la lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable».
«Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción», añadió. Cualquier ciudadano, ya sea monárquico, republicano o de otra ideología estará de acuerdo con esas palabras. Lo que hace falta es que el Gobierno y los partidos políticos hagan todo lo que esté en sus manos para que se cumplan, no porque las haya pronunciado el rey sino porque es necesario para la democracia.