El cocodrilo Charlie no se ha convertido, al menos de momento, en el primer animal decomisado bajo la Ley de Protección de Derechos y el Bienestar de los Animales después de que la separación de su dueño, prevista para este jueves, no se haya llevado a cabo.
‘Charlie’, un cocodrilo de la especie Osteolaemustetraspis, conocido como el cocodrilo más pequeño del mundo, tiene nueve años de edad y continuará de momento viviendo junto con su dueño, Fran Torres, en la localidad toledana de Torrijos, después de que los agentes de Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) hayan optado por no ejecutar el decomiso del animal.
Una decisión tomada después de que Torres y su letrada hayan insistido en advertir a los agentes de las irregularidades que veían en el proceso y de las consecuencias que podría tener para este animal su traslado.
«Si trasladan a mi cocodrilo va a morir, es una locura»
A pesar de todo, la situación continúa siendo de incertidumbre para Charlie y Fran, ya que el proceso sigue su curso y no saben si al mismo se añadirá una denuncia por desacato, aunque Torres ha reiterado que en ningún momento ha impedido a los agentes entrar al lugar en el que se encontraba el cocodrilo.
«En ningún momento han querido hablar con nosotros ni entrar en razón. Ni siquiera nos han dicho qué animales se querían llevar. Es mi mascota. No solo yo lo voy a pasar mal sino que él va a acabar muriendo», ha razonado el dueño de Charlie.
Fran Torres, que regenta una tienda de animales exóticos –un «centro autorizado», ha insistido–, ha explicado que los agentes no solo pretendían llevarse a Charlie, sino que contaban con una lista de hasta una veintena de sus animales, incluidas otras especies como serpientes o geckos, aunque ha comentado en declaraciones a los medios que los agentes no le han revelado qué animales en concreto iban a decomisarle.
«Como persona imputada en esto tengo ese mínimo derecho a que me digan qué animales son los que quieren. Mi cocodrilo es mi mascota, llevo nueve años con él y tener que entregarlo a unas autoridades sin que me den ningún tipo de razón…», ha lamentado, señalando además que la competente en esta materia es la Administración regional, cuya autorización no le han presentado.
El dueño de Charlie ha insistido en que si su cocodrilo es trasladado «va a morir» porque un movimiento así para él es «una locura». «Ya solo con el transporte que le hicimos nosotros, que son 100 ó 200 metros, a una instalación mucho mejor, que nos ha costado un dineral hacerla y está adaptada al doble de capacidad que este animal necesita, hizo que estuviera un mes sin comer», ha expuesto.
Por ello, se ha preguntado si esta ley «realmente es bienestar animal», pidiendo que dejen que «los propietarios de estos animales anteriores a esta ley podamos seguir manteniendo nuestras mascotas hasta la muerte del animal sin poderlo ceder, sin poderlo criar, pero poder mantenerlo, porque son nuestras mascotas y son parte de nuestra familia también».
«Este animal está mejor aquí que en cualquier centro de recuperación. Sé que en muchos centros de recuperación donde van estos animales que intervienen a tiendas, cuando se van a hacer las devoluciones, la mayoría no vuelven por estrés, por mal cuidado y porque estos centros no están preparados para tener a este tipo de animales».
Además, ha advertido de que aún queda «la incertidumbre» de no saber cuál será el siguiente paso, repitiendo que los agentes que han acudido «no han querido colaborar en ningún momento» ni escucharles ni darle explicaciones de lo que iban a hacer una vez accedieran a su tienda.
En cuanto al resto de animales que, supuestamente, los agentes iban a decomisar junto a ‘Charlie’, Fran Torres ha comentado que los geckos eran los únicos que sí estaban en venta al público y son animales que «tienen toda la trazabilidad», apuntando que su marcado «no es sancionado», porque es un defecto subsanable, que de hecho ya se ha corregido ya que los animales han sido marcados por un veterinario, explica.
En este sentido, ha aseverado que tiene pruebas de que habló con el veterinario sobre el marcado de los animales antes de que el Seprona se personase en sus instalaciones.
El proceso «no ha sido el adecuado»
Por su parte, Rosa Díaz, letrada que ha asesorado a Torres, ha aseverado que el proceso «no ha sido el adecuado» porque para notificarle una sanción «se le tendrán que notificar los preceptos que consideran que ha vulnerado, se le tendrá que dar un plazo para hacer alegaciones y posteriormente se tendrá que resolver con una sanción, pero incluso todo esto luego es recurrible en vía judicial».
«Nada de esto se ha hecho, sino que lo que se hizo fue un acta de intervención del Seprona y, posteriormente, se ha aplicado lo que entendemos, porque tampoco me lo han dicho exactamente, una medida cautelar conforme a dos normativas, una la normativa Cites y otra la nueva Ley de Bienestar Animal», ha detallado.
En este punto, ha asegurado que la normativa Cites «no contempla un régimen sancionador», por lo que entienden que tampoco puede contemplar una medida cautelar como la retirada de los animales, mientras que en lo que refiere a la Ley de Bienestar Animal, para que se produzca una acción como esta, tiene que quedar acreditado que el animal «tenga peligro de estar enfermo, de estar maltratado o que no tenga un entorno correcto para su hábitat», cosa que, ha añadido, «tampoco se recoge en el acta».
En todo caso, la abogada ha reconocido que el hecho de que finalmente los agentes no hayan pasado puede convertirse en un problema si alegan que Torres no les ha dejado entrar a su tienda, aunque ella ha razonado que «estamos hablando de un recinto y de una propiedad que es de mi cliente, que no se puede detraer de cualquier manera, máxime si además el propio animal puede sufrir unos daños y tener unos problemas».
«Si a mi cliente se le acusa de algún delito se le defenderá oportunamente porque entendemos que no se ha opuesto a dejarles pasar», aunque ha reconocido que esa autorización se ha dado «in extremis».
Sospechan de una inspección «irregular»
Finalmente, Luis Olmedo, miembro de la Junta Directiva de la Federación Fauna, «sospecha» de este acta «desde el minuto uno», asegurando que se ha producido «una inspección irregular». «Ya partiendo de esa base, todo ha sido así, de una forma tremendamente anormal», ha señalado, poniendo como ejemplo que cuando han solicitado a los agentes que les enseñaran el acta con el listado de animales que se iban a llevar «no han querido darla».
Olmedo también ha explicado cómo, una vez ha llegado la Policía Local de Torrijos para atestar el incautamiento, los agentes «han salido corriendo diciendo que no les dejamos entrar». «Y en ningún momento se ha dicho que no se les deja pasar, simplemente se les está preguntando por favor que animales tenían para llevar. Otra muestra más de que todo esto está siendo de dudosa legalidad», ha achacado.
Olmedo ha cargado contra la Ley de Bienestar Animal, de la que ha dicho que es «un desastre» que «ha batido todos los récords de nuestra democracia en cuanto a la que más protestada ha sido, la que más consultas ha llevado e incluso la más desobedecida».
El integrante de Federación Fauna ha cuestionado también que «no ha sido la comunidad autónoma», la competente en la materia, la que ha pedido actuar a la competencia administrativa Cites, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), recordando también que en el último Universal Fauna Congress, el nuevo director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, dijo «y es público» que «a las comunidades autónomas les iba a decir que, por favor, no incauten esos animales».
«Como mucho, lo que se debería hacer es dejarlo aquí en custodia hasta que se pueda resolver esto», ha concluido.