En los últimos años se ha multiplicado de manera exagerada el número de másteres para universitarios, ofrecidos tanto por las universidades privadas como por las públicas, por los centros de educación asociados a ellas y por grandes empresas. Es un negocio rentable y poco controlado en la práctica, lo que permite que para algunos organizadores de estos cursos lo más importante no sea la calidad de la enseñanza sino conseguir muchos alumnos matriculados para recaudar más dinero y obtener más beneficios.
La enseñanza siempre ha sido motivo de bronca entre el gobierno de turno y la oposición, por la tentación de adoctrinar a los alumnos acorde con la ideología del partido que está en el poder en cada momento. Buena prueba de ello son las siete leyes educativas que han aprobado las Cortes en la etapa democrática. La última, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) -conocida como ley Wert porque la ha impulsado el actual ministro de Educación, José Ignacio Wert-, salió adelante en noviembre de 2013 con los únicos votos del PP y con todos los grupos de la oposición en contra, y está teniendo muchos problemas para ser implantada.
MUCHAS IRREGULARIDADES
La multiplicación del número de másteres, sin tener en cuenta las necesidades reales de la sociedad actualmente, y el negocio que representan algunos roza el escándalo. «Campus», el suplemento de educación del diario El Mundo, ha publicado el 14 de enero un reportaje titulado «+ cantidad, – calidad. El Estado es incapaz de cribar el ‘boom’ de másteres y grados oficiales», en el que varios especialistas en la materia ponen el dedo en la llaga. Denuncian que se ha duplicado el número de másteres y enseñanzas de grado para adaptarse al obligado Plan Bolonia -los 1.000 centros universitarios existentes en España ofertan actualmente unos 6.000 grados y másteres, prácticamente el doble que en 2006-, que algunos centros imparten cursos de posgrado con menos doctores que los exigidos por la ley, que otros enseñan carreras técnicas pero sin la infraestructura necesaria para las prácticas, que hay universidades que homologan los títulos otorgados por otros centros adscritos a ellas sin suficiente nivel de calidad…
Algunos profesores y catedráticos denuncian que esas irregularidades se deben, entre otras causas, a que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) -el organismo encargado de controlar y garantizar la calidad de la enseñanza universitaria, integrado por profesores, estudiantes y especialistas en cada materia- no hace su trabajo como debiera en todos los casos. Otros, por el contrario, aseguran que esta agencia cumple correctamente sus obligaciones, incluso que es muy exigente, y achacan las anomalías a las propias universidades porque no aplican las directrices de Aneca y a los gobiernos de las comunidades autónomas.
Sea por una cosa o por otra, lo cierto es que ninguna universidad española, ni pública ni privada, figura entre las 100 mejores del mundo. Y muy pocas se encuentran entre las mejor valoradas de Europa, ninguna de ellas en la parte superior de la lista. Por algo será.
UN MÁSTER Y OTRO Y OTRO…
Si eso ocurre con los grados universitarios, más grave aún es lo referido a los másteres. ¿Qué estudiante universitario termina hoy su carrera y no cursa un máster, generalmente muy caro, porque espera que le sirva para encontrar trabajo? Los hay que, incluso pidiendo créditos al banco, cursan dos o tres sobre distintas materias.
El máster de Periodismo que imparte El Mundo o el de El País, por ejemplo, cuestan en torno 13.000 euros y dan derecho a unos meses de enseñanzas teóricas -en estos dos casos, de calidad reconocida- y un periodo de prácticas remuneradas con menos de 400 euros mensuales a cambio de trabajar prácticamente como redactores de la plantilla.
Hasta 2008, cuando llegó la crisis económica, los másteres eran una manera de encontrar un puesto de trabajo y de ellos han salido excelentes periodistas. Pero desde entonces, con 12.000 trabajadores despedidos de los medios de comunicación españoles, ni siquiera pagar esa cantidad de dinero y demostrar buenas cualidades para ejercer esta profesión les sirve a esos alumnos para quedarse a trabajar en el medio, salvo contadas excepciones.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Es cierto que cuantos más conocimientos sobre su materia adquiera un licenciado universitario, mejor será para su futuro profesional. Y también lo es que las universidades privadas y las empresas pueden impartir grados universitarios o másteres de calidad y, al mismo tiempo, que esa actividad sea rentable. Pero hay que exigir que quien no tiene dinero también pueda acceder a la enseñanza universitaria y a los másteres en condiciones de igualdad con los estudiantes de familias acomodadas; que la calidad de esas enseñanzas se garantice con métodos de control efectivos, y que el número de grados y másteres se reduzca con criterios lógicos y se acomode a las necesidades de formación en la sociedad actual. En otras palabras: que la enseñanza sea tratada como lo que es, un derecho constitucional de toda la ciudadanía, y no únicamente como un negocio.
Mientras eso no se garantice, la igualdad de oportunidades seguirá sin existir; y los másteres -con las excepciones que siempre hay- continuarán siendo un suculento negocio, algo que sorprende en tiempos de crisis como los que todavía vivimos los españoles pese a la recuperación de la que tanto habla el presidente Mariano Rajoy.