Ecologistas en Acción (EA) Castilla-La Mancha ha considerado que existen «contradicciones y ocultaciones» en la respuesta del Gobierno sobre las obras que la familia Aznar-Oriol realizó en la finca «Cabañeros», ubicada en pleno Parque Nacional de Cabañeros.
Según ha indicado EA en una nota de prensa, la respuesta que ha dado el Ministerio de Agricultura al grupo socialista en el Congreso de los Diputados, sobre los expedientes y autorizaciones dados a la familia Aznar-Oriol para las obras realizadas en la finca «omite aspectos esenciales para aclarar el caso».
No obstante, los ecologistas han opinado que la respuesta revela «algunos datos que reflejan la ilegalidad y las irregularidades en la tramitación actuación».
Los documentos que ha hecho públicos el Gobierno indican que la solicitud inicial del año 2010 de la empresa Inmobiliaria del Bullaque S.L., «se refería sólo a trabajos de reformas menores de la vivienda principal de la familia Aznar-Oriol», ha explicado EA.
Estas obras consistían en un arreglo de distintas instalaciones eléctricas, de fontanería o calefacción, así como la impermeabilización y arreglo de cubiertas para evitar goteras.
«En ese momento ni se solicita, ni se autorizan, demoliciones, ampliaciones, ni ninguna otra actuación que suponga una reforma en profundidad de la casa» y que si se han ejecutado han subrayado los ecologistas.
El Gobierno «no ofrece documentación alguna, a pesar de que al menos debía haber un informe técnico como en el caso de las obras de la casa, que haga referencia a la construcción de una nueva pista de acceso a través de la Cañada Real Segoviana», ha señalado el grupo conservacionista.
A juicio de los ecologistas, el Gobierno central: «se desentiende de su intervención en la autorización, señalando que es competencia de la Junta y que ésta la emitió en el año 2014», a pesar de que «nadie» tiene conocimiento de que exista.
También han opinado que el Gobierno evita incluir en su respuesta al PSOE que en 2012 se tramitó otra autorización, como informaron en su día el Ministerio y la Junta de Castilla de Castilla-La Mancha, que fue aprobada por la Comisión Mixta del Parque Nacional.
Los ecologistas suponen que sería en este nuevo expediente donde se incluiría la solicitud de demolición y ampliación de vivienda que se ha ejecutado.
«Si no es así, y en 2012 no se autorizó la obra realmente hecha en la finca de Cabañeros, el Gobierno debiera haber iniciado los correspondientes trámites para sancionar y demoler lo ilegalmente construido», han destacado.
En este sentido, EA ha opinado que el Gobierno: «quiere enmascarar un proceso plagado de irregularidades que ha dañado paisajística y ambientalmente al Parque Nacional».
Para el grupo conservacionista «aún queda mucho que aclarar en este turbio asunto», por lo que ha pedido al PSOE que dé traslado de la documentación que ha recibido a la Fiscalía Coordinadora de Urbanismo y Medio Ambiente, que lo investiga.