Para librarse de la cárcel o de la multa a la que temen ser condenados, algunos delincuentes echan la culpa a una persona ya fallecida. Es ésta una vieja estrategia de defensa que los jueces han escuchado muchas veces. Jordi Pujol también ha echado mano de un muerto -de dos, en su caso- al declarar ante una juez de Barcelona; pero solo tiene una posibilidad para ser creído y demostrar que no es una excusa sino que dice la verdad: presentar algún documento que demuestre que, como viene diciendo desde hace meses, la fortuna que su familia tenía en un banco de Andorra sin declararla a la Hacienda española procedía de la herencia -o de un «legado», como dice ahora, rectificando su versión anterior- que les dejó su padre.
Conviene aclarar que si ese dinero es una herencia, Jordi Pujol estaría directamente relacionado con ella y con el fraude de no haberla declarado a Hacienda, mientras que si se trata de un «legado», solo afectaría a los destinatarios -su mujer y sus siete hijos- y no a él.
Si lo del muerto lo hubiera dicho un delincuente de poca monta, el asunto no tendría mayor trascendencia y no habría saltado al primer plano de los medios de comunicación. Pero lo ha dicho el que fue presidente de la Generalitat catalana durante 23 años, el padre del nacionalismo catalán, el ídolo y ejemplo a seguir para muchos ciudadanos de Cataluña, el hombre que sostuvo a gobiernos del PSOE y del PP cuando fue necesario.
DE HÉROE A VILLANO
Eso cambia mucho las cosas, porque quien ha declarado ante una juez sin aportar ninguna prueba para demostrar sus palabras no ha sido un delincuente robagallinas sino un anciano de 84, años respetado hasta hace seis meses -cuando confesó públicamente que su esposa e hijos tenían una cuantiosa fortuna depositada en Andorra y que durante 34 años no había encontrado el momento para declararla en la Agencia Tributaria española- pero totalmente desprestigiado ahora e incluso criticado por algunos compañeros de su propio partido, Convergencia i Unió (CiU). De entrar en la Historia política del siglo XX por la puerta grande, como era su destino, puede pasar a engrosar la lista de los políticos corruptos que se aprovechan de su cargo público para enriquecerse; de casi héroe a villano. Él, su esposa y sus hijos son inocentes mientras no exista una sentencia firme que les condene, pero el reproche de la ciudadanía ya se lo han ganado.
El que fue durante años molt honorable president de Cataluña ha dicho a la juez que su padre, Florenci, dejó un legado de 140 millones de pesetas a su esposa y a sus siete hijos, y que los ingresó en un banco de Andorra porque temía que la carrera política de Jordi Pujol le llevara a arruinar a la familia. Contó que su padre envió unas cartas manuscritas a su esposa, Marta Ferrusola, explicándole todo esto, pero no las ha aportado al juzgado.
UNOS BENEFICIOS MUY ELEVADOS
El abuelo Florenci decidió que ese dinero depositado en el banco andorrano lo gestionara un amigo suyo, empleado de Banca Catalana, hasta que los nietos fueran mayores de edad. Así lo hizo ese amigo y logró incrementar la cantidad a unos 500 millones de pesetas (tres millones de euros) invirtiendo en productos financieros. Pero ese buen gestor no puede demostrarlo, porque murió hace años.
El segundo gestor de la cada vez más abultada herencia o legado fue un primo de Jordi Pujol, que ocupó un alto cargo en la Generalitat cuando él era presidente. Tampoco puede probarlo porque también ha fallecido.
La gestión de esos millones se encomendó después a Jordi, hijo mayor del ex presidente Pujol, que no está imputado en este proceso judicial pero sí en otro juzgado. Habrá que esperar a ver qué consigue esclarecer la juez y qué decide sobre la familia Pujol.
LA TRANSPARENCIA DE LOS POLÍTICOS
Quienes se dedican a la política deberían tener siempre presente que deben ser más responsables y transparentes que cualquier ciudadano, porque pueden ser vistos por sus seguidores y votantes como un modelo a imitar. Por eso es importante que en los países democráticos se aprueben leyes de transparencia, aunque la que ha entrado en vigor recientemente en España se ha quedado bastante corta respecto a otras de la Unión Europea.
Esto es válido para Jordi Pujol y para todos los políticos, incluidos los líderes de Podemos, el partido que sorprendió en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo al lograr cinco escaños que ni sus propios dirigentes esperaban. En su primer año de vida ya cuenta con una investigación sobre las supuestas irregularidades en el contrato de Iñigo Errejón con la Universidad de Málaga y otra doble investigación sobre Juan Carlos Monedero –de la Agencia Tributaria y de la Universidad Complutense de Madrid-, para esclarecer si defraudó a Hacienda al no declarar lo que percibió de varios países latinoamericanos por trabajos de asesoramiento y si lo cobró por una vía incorrecta.
Los dirigentes de Podemos saben que son muy incómodos para el poder y para otros partidos, que están analizando con lupa todos y cada uno de sus movimientos y declaraciones. Por eso deberían actuar con total y absoluta transparencia y adoptar medidas firmes ante cualquier irregularidad legal o ética de alguno de sus miembros, por muy doloroso que resulte. Cuando alguien dice y repite a diario que los demás partidos son «la casta», que están contaminados por la corrupción, que viven aferrados a un sistema político caduco y que no practican la democracia tiene que ser muy exigente y escrupuloso consigo mismo, si quiere ser creíble. Si no es así, mal favor se hace a sí mismo, a su partido y, lo que es más grave, a la sociedad.
Los políticos, todos, nunca deberían intentar buscar excusas ante comportamientos propios o de sus compañeros que no sean éticos o, por supuesto, que sean ilegales. Y no sirve que digan, como acostumbran a hacer algunos, que su caso es poco importante si se compara con el de otro partido porque este segundo es mucho más elevada la cantidad defraudada, por ejemplo. No. Lo que alguien exige a los demás debe aplicárselo antes a sí mismo.