El grupo popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha valorado hoy que la supresión de 45 entidades del sector público desde el año 2012 en la región, que ha sido definido como «una administración paralela», ha permitido el ahorro de 1.418 millones, que se han podido destinar a servicios sociales.
La diputada del PP en las Cortes Cesárea Arnedo ha analizado en conferencia de prensa los datos que hizo públicos ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que añaden que la supresión de estos 45 organismos ha supuesto una reducción de plantilla de 15.399 personas desde 2011, la mayor de toda España.
Arnedo ha recordado que, al inicio de la Legislatura, la supresión de organismos fue «una de las primeras medidas» y además, una «medida pionera» en España que adoptó la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, puesto que «era imposible mantener una administración paralela, una estructura que la Junta creó para colocar a expolíticos y personas afines al PSOE».
Por ello, ha valorado que la supresión de estos organismos ha servido no sólo para ahorrar 1.418 millones, sino también para «conseguir que los funcionarios de la administración hayan visto legitimado su trabajo», pues ha lamentado que el personal que trabajaba en dichos organismos suprimidos no habían accedido a su puesto mediante un concurso público.
Además, ha destacado que el ahorro conseguido «se han destinado a educación, sanidad y servicios sociales».
Y todo ello, ha lamentado Arnedo, con el voto en contra del PSOE, pues ha criticado que los socialistas no han apoyado ninguna medida para suprimir estos organismos.
A su parecer, los socialistas han adoptado la «actitud del no por el no», algo que también ha quedado reflejado hoy, según ha considerado, en la Comisión de Sanidad de las Cortes en la que se han debatido la enmienda del PP y las nueve del PSOE a la modificación de la ley de farmacia.
Según Arnedo, Castilla-La Mancha cuenta en la actualidad con una «legislación obsoleta y alejada de la realidad de las farmacias», lo que hace necesaria su modificación, algo que se ha propuesto, ha recalcado, «de la mano prácticamente mayoritaria de todo el sector, consensuada con el consejo regional de farmacia y con los colegios provinciales».
Por ello, ha reprochado que el PSOE haya presentado «enmiendas puntuales y carentes de sentido, que solo han servido para atrasar en el tiempo la aprobación de una normativa necesaria».