Ecologistas en Acción emprenderá acciones legales contra la posible «adjudicación ilegal» de la obra civil del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.
La ONG estudia si opta por la vía penal o administrativa, en el caso de que dicha obra no cuente con el permiso previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ha dicho a EFE su portavoz en energía nuclear, Francisco Castejón.
En la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) se han producido recientemente dos ceses, que tienen relación con «una adjudicación de obra precipitada» ante la cercanía electoral, ha añadido el portavoz de Ecologistas en Acción.
Los cargos de las personas cesadas, el director de administración y el responsable jurídico, «indican presiones para acelerar el proceso de adjudicación de la construcción del cementerio nuclear», que se ubicará en Villar de Cañas (Cuenca).
Hace unos días, el CSN recibió la información adicional que exigió a Enresa sobre la construcción del almacén nuclear (algunas sobre la idoneidad del terreno).
Los técnicos del CSN decidirán, en función del volumen de datos a estudiar, cuándo comunicar si se concede el permiso y, en caso afirmativo, qué condiciones se imponen a la obra civil.
Podrían, por ejemplo, imponer medidas especiales para impedir una fuga de residuos radiactivos ante un posible corrimiento de tierras.
Según Castejón, «la lógica apunta a que sería necesario esperar la comunicación del CSN y sus posibles instrucciones adicionales para dar el siguiente paso».
Al respecta razona la imposibilidad de definir el proyecto a nivel técnico y económico antes de conocer las condiciones impuestas a la edificación.
La apertura del tercer y último sobre de ofertas para esta adjudicación de obra civil estaba previsto para finales de enero o primeros días de febrero de 2015, pero el trámite no se ha producido aún.
El presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, «cercano a la presidenta de la Junta de Castilla la Mancha María Dolores de Cospedal, ya ha expresado claramente su voluntad de despejar el camino para una adjudicación de obra que asciende a más de 260 millones euros».
«Una maniobra que podría perjudicar seriamente a las arcas públicas: si se adjudica el contrato, pero finalmente no se lleva a cabo la construcción del cementerio, la empresa adjudicataria recibiría una cuantiosa indemnización por lucro cesante. Algo parecido a lo ocurrido con la Plataforma Castor recientemente», ha añadido.