La condena a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación que la jueza ha impuesto al exalcalde del PP de Ocaña, al actual teniente de alcalde de Ocaña y a otros tres exconcejales populares de ese Ayuntamiento «da la razón a los concejales del Partido Socialista que les denunciaron hace ocho años ante la Fiscalía por conceder licencias urbanísticas de forma ilegal», informa el PSOE en un comunicado.
Así lo destacaban esta mañana la portavoz del PSOE de la provincia de Toledo, Esther Padilla, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Ocaña, Javier Ramírez, en su comparecencia junto a la concejala socialista, Marisa Hernández, y el abogado Carlos Ruiz, para informar sobre la sentencia que condena por prevaricación al exalcalde de Ocaña y hasta hace dos meses asesor del Gobierno de María Dolores de Cospedal, José Carlos Martínez Osteso, al actual teniente de alcalde del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Ocaña, Tomás Vindel de Andrés, y a otros tres exconcejales del PP, Luis de Tell, Santiago Ontalva y Amelia Hervás Pedraza.
Esther Padilla mostró su satisfacción por la sentencia.
Tanto Esther Padilla como Javier Ramírez mostraron su satisfacción por la sentencia notificada el pasado 5 de febrero y que «nos da la razón y ratifica que los concejales socialistas actuamos en justicia y con la que queda demostrado que el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ocaña del Partido Popular actuó de común acuerdo para llevar a cabo una actuación claramente improcedente concediendo licencias urbanísticas sin ajustarse a la ley y a sabiendas de que lo hacían».
Ramírez destacaba que la sentencia «desmonta las justificaciones que los condenados utilizaron para justificar su actuación delictiva, esto es, que se hacían para favorecer a los ciudadanos o que lo denunciábamos para sacar rédito electoral, algo falso porque las actuaciones se iniciaron en el año 2006 y no las hicimos públicas hasta el mes de julio de 2007, dos meses después de las elecciones municipales».
Asimismo, el portavoz del PSOE de Ocaña quiso incidir en que «los concejales socialistas hemos actuado en todo momento conforme a la ley y poniendo en manos de la justicia unos asuntos que entendíamos, y ahora se ha demostrado, que eran injustos, arbitrarios y contrarios a la ley».
Algo por lo que, añadía, «hemos tenido que soportar insultos, calumnias y amenazas por haber buscado la justicia, pero ahora es la justicia la que ha demostrado quién es el que mentía y actuó fuera de la ley».
«QUE ACATEN LA SENTENCIA»
Por su parte, Esther Padilla, ante esta nueva sentencia condenatoria a responsables del PP en la provincia de Toledo, exigía que los condenados acaten la sentencia, que el teniente de alcalde de Ocaña «abandone el Ayuntamiento de forma inmediata como le ha dicho el juez y que si no lo hace así se lo exijan Cospedal, García-Tizón y la actual alcaldesa de Ocaña, Remedios Gordo».
Unas responsabilidades que, hasta ahora, «Cospedal no ha exigido porque recordamos que la presidenta de Castilla-La Mancha ha mantenido a Martínez Osteso como asesor del Gobierno del PP en la región, incluso, con juicio oral abierto».
Padilla criticaba con dureza que «lo del PP de Cospedal y sus problemas de la justicia ya no es una anécdota, todo lo contrario, porque una semana sí y otra también los jueces condenan a Cospedal, a sus alcaldes o a sus presidentes de Diputación, como García-Tizón, a incorporar empleados públicos que han despedido de forma nula, a indemnizaciones millonarias por una mala gestión o les condenan por prevaricación».
«CALIFICATIVOS DUROS»
El abogado que ha llevado el caso resaltaba que «no es habitual que una sentencia incluya calificativos tan duros como lo hace esta» y destacaba que «deja claro que todos los condenados eran absolutamente conscientes de que concedían licencias urbanísticas en contra de la ley porque tenían conocimiento previo de ello por los informes técnicos».
Carlos Ruiz aseguró que, en definitiva, los condenados «convirtieron el Ayuntamiento de Ocaña en un organismo que no respetaba la ley, que no aplicaba la ley, sino que simplemente aplicaba el criterio interesado, unilateral, arbitrario, antijurídico e ilegal de una comisión de gobierno formada por delincuentes».