Agustín Yanel
Desde que el PSC y ERC firmaron el acuerdo que ha permitido investir presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa, en el que se comprometen a impulsar «un sistema de financiación singular» para Cataluña, para el PP ha sido uno de los principales motivos de su crítica al Gobierno. Tienen derecho a hacerlo, como también lo critican algunos dirigentes socialistas, pero olvidan que en su programa para las elecciones catalanas del año 2012 se comprometían a trabajar para conseguir «un nuevo sistema de financiación singular». Exactamente las mismas palabras.
En ese programa electoral, cuando su candidata era Alicia Sánchez Camacho, el PP incluía la afirmación siguiente: «Trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, que responda al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender sus competencias». O en el PP han cambiado de opinión, y entonces deberían explicar los motivos de ese cambio, o es que les vale todo con tal de criticar cualquier cosa que hagan el Gobierno y los socialistas, aunque tengan que decir lo contrario de lo que afirmaban antes.
Una atípica manera de ejercer la oposición
En este asunto, como en otros, parece que el Partido Popular ha asumido como propia la frase «no sé de qué se trata, pero me opongo», atribuida al filósofo y escritor Miguel de Unamuno. Porque eso es lo que se puede deducir de diversas declaraciones de sus dirigentes, a veces contradictorias entre unos y otros. La última muestra de esta atípica manera de ejercer la oposición es su postura ante el asilo político que el Gobierno español va a conceder a Edmundo González Urrutia, el candidato opositor a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio en Venezuela.
La candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que encabezaba Edmundo González frente Nicolás Maduro, asegura que han ganado esas elecciones, pero Maduro dice que el vencedor ha sido él, aunque se niega a que conozcan las actas con las votaciones. España, la Unión Europea y otros países de todo el mundo, incluidos algunos de Latinoamérica simpatizantes de Maduro, piden que se publiquen, porque con los datos que tiene la candidatura de González existen muchas sospechas de que él ha sido el más votado.
Al día siguiente de esas elecciones, Edmundo González se refugió en la embajada de los Países Bajos en Caracas por temor a sufrir represalias. Después pidió asilo político a España, que se lo va a conceder por razones humanitarias y que ha realizado gestiones con la máxima discreción hasta conseguir que Venezuela le concediera el salvoconducto para viajar a España. El día 8 de septiembre, tras permanecer unos días en la embajada española, llegó a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), con su esposa, en un avión de la Fuerza Aérea Española.
Hasta ese día, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes del PP exigían que España ayudara a Edmundo González. Feijóo declaró que el 8 de septiembre que el Gobierno español estaba en connivencia con Nicolás Maduro y no hacía nada por ayudar a Venezuela, pero a la hora en que él lo decía Edmundo González ya estaba volando hacia España.
El agradecimiento de Edmundo González y un nuevo cambio del PP
Posteriormente, ya en Madrid, Edmundo González hizo público su profundo agradecimiento al Gobierno español por haberle acogido y protegido. Ante esa declaración, en el PP tuvieron que cambiar de opinión para continuar criticando al Gobierno: han aplaudido que sea acogido en España, porque no podían decir lo contrario cuando llevaban tiempo pidiendo que fuera protegido, pero han criticado que se le vaya a conceder asilo político sin reconocer antes que es el presidente electo de Venezuela, algo que ningún país de la Unión Europea ha acordado sin antes conocer las actas con el resultado de las votaciones.
El PP también se ha comportado de manera contradictoria en el caso de los menores no acompañados que están en las Islas Canarias. El presidente canario, Fernando Clavijo -de Coalición Canaria, que gobierna con el PP-, ha pedido insistentemente modificar la Ley de Extranjería para que los más de 5.000 menores que han llegado a las islas en cayucos y pateras puedan ser repartidos entre todas las comunidades autónomas.
El voto del PP contra la petición de su socio de gobierno en Canarias
A pesar de esa reiterada petición de su socio de Gobierno en Canarias, el 23 de julio el PP votó en el Congreso en contra de admitir a trámite una proposición de ley de PSOE, Sumar y Coalición Canaria para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para poder repartir a esos menores por toda España, especialmente los de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla pero también los de cualquier otra comunidad cuando se sobrepase en un 15% su capacidad de acogida.
Se votaba solo que esa proposición de ley fuera admitida a trámite, para iniciar en el Congreso el habitual recorrido en el que el PP y cualquier otro grupo parlamentario podrían presentar enmiendas para mejorarla. Pero el PP se negó, pese a la insistencia de sus socios de Coalición Canaria en pedir esa reforma. Y, como tienen muy difícil explicar de manera convincente su voto en contra, desde entonces critican y culpan al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación por la que atraviesa Canarias con los menores no acompañados. Todo suena a la frase ya citada: «No sé de qué se trata, pero me opongo».