La Defensora del Pueblo no ha dado la razón a dos quejas presentadas por los Grupos políticos de PSOE e IU en la Diputación de Guadalajara que acusaban a la institución de limitar, dificultar e impedir el derecho de participación y de acceso a la información y documentación por parte del Equipo del Gobierno.
En una nota de prensa, la Diputación ha asegurado, además, que la Defensora del Pueblo reconoce que los grupos políticos tienen acceso a la información y documentación que precisan para el ejercicio de su labor.
«Esta Institución considera que se está facilitando a los solicitantes el acceso a la documentación que precisan para un mejor ejercicio de su labor de representantes de acuerdo con la normativa que regula esta materia», según se asegura en las consideraciones del Adjunto Primero del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.
En julio de 2014, los portavoces del PSOE e IU en la Diputación, María Antonia Pérez León y Francisco Riaño Campos, denunciaron ante la Defensora del Pueblo que la presidenta de la Institución, Ana Guarinos, «limitaba, dificultaba e impedía el legítimo derecho de participación, vulnerando derechos constitucionales de los diputados de la oposición y la ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación».
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Lorenzo Robisco, ha confiado en que, a raíz de la respuesta de la Defensora del Pueblo, PSOE e IU dejen de «faltar a la verdad» y de considerarse «víctimas» de lo que no son.
Ha recomendado a ambos grupos que «se pongan a trabajar en beneficio de la provincia en lugar de dedicarse a judicializar permanentemente la vida política y a tratar de torpedear la acción del equipo de Gobierno y su forma de proceder».