El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo autonómico es que el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas incorpore el ‘rural proofing‘ o mecanismo rural, de manera que se financie el coste efectivo «en todos y cada uno de los servicios a los territorios».
Una afirmación que ha hecho durante su intervención, este viernes, en la mesa de diálogo sobre el peso del ‘mecanismo rural de garantía’ (rural proofing) en la legislación nacional y cómo lo aplican las diferentes administraciones, ha informado la Junta en una nota de prensa.
Una sesión desarrollada en el Congreso de los Diputados de la mano del colectivo ‘El Hueco’, donde ha insistido en que la financiación «es la otra cara de la lucha contra la despoblación, puesto que el mantenimiento de esos servicios públicos significa un esfuerzo presupuestario adicional que no puede ir a costa de la gente que vive en el territorio o de las administraciones más cercanas».
Analizarán presupuestos de 2023 para ver las partidas del Impacto Demográfico
En este sentido, Martínez Guijarro ha trasladado el trabajo que está llevando a cabo la región en la lucha contra la despoblación y ha recordado que, desde el año 2022, toda la normativa, planes y programas que se elaboran en Castilla-La Mancha incluyen un informe de impacto demográfico para identificar y valorar los efectos y resultados de estas normas en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.
Desde entonces, han sido un total de 81 informes de impacto demográfico los que se han elaborado, a los que hay que sumar, tal y como ha explicado, las dos memorias de Impacto Demográfico que se han incluido en los presupuestos regionales de 2023 y 2024, donde se aúnan todas las partidas presupuestarias que se destinan específicamente a las zonas afectadas.
Dos mecanismos que contempla la Ley de medidas contra la despoblación, en vigor desde el año 2021, y que son «pioneros» en todo el territorio nacional, ha resaltado.
Pero, según el vicepresidente primero, «queremos ir más allá y, por ello, vamos a analizar la ejecución de los presupuestos del 2023 para ver cómo se han ejecutado las partidas recogidas en la Memoria de Impacto Demográfico».