El Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil territorios de 14 comunidades que sufrieron catástrofes de distinto tipo entre el 27 de febrero y el 14 de septiembre, entre los que se cuentan seis municipios de Castilla-La Mancha donde hubo incendios forestales este verano.
Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras explicar que las zonas designadas con dicha declaración se beneficiarán de las ayudas previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de Protección Civil.
En Castilla-La Mancha, los territorios afectados son:
– Borox (Toledo): por el incendio ocurrido el 6 de julio, cerca de una urbanización, afectando a 200 hectáreas y provocando el desalojo de 35 viviendas y 70 personas. Un varón de 91 años fue detenido días después como presunto responsable del fuego.
– Talavera de la Reina (Toledo): por el incendio declarado el 9 de julio en el entorno del polígono de Torrehierro, que afectó a unas 150 hectáreas de superficie agrícola.
– Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real): por el incendio originado el 24 de julio en una zona agrícola, extendiéndose luego al entorno del paraje del cerro Quinto Federico. Fue extinguido dos días después tras quemar unas 600 hectáreas.
– Valdeverdejo (Cuenca): por el incendio declarado el 30 de julio, que afectó a unas 1.500 hectáreas. Dos pueblos de la Serranía Media de Cuenca (Barchín del Hoyo y Piqueras del Castillo) fueron confinados de manera preventiva.
– La Estrella (Toledo): por el incendio ocurrido el 6 de agosto, que no se consiguió extinguir hasta el día 10, quemando más de 2.500 hectáreas de terreno en la comarca toledana de La Jara, zona eminentemente ganadera y con un alto valor ecológico. La organización profesional agraria Unión de Uniones en Castilla-La Mancha pidió al Gobierno regional una comisión de investigación sobre la gestión del incendio.
– Las Herencias (Toledo): por el incendio originado el 11 de agosto, que obligó a desalojar a 80 vecinos de una urbanización, afectando a 40 parcelas.
Los sucesos a los que hace referencia la declaración han provocado «daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican sin duda alguna la intervención de la Administración General del Estado», ha asegurado el ministro.
«Quiero recordar que esta intervención se apoya en el principio de solidaridad interterritorial y es subsidiaria a las actuaciones que en el ejercicio de sus competencias desarrollen las respectivas comunidades autónomas», ha agregado.
La declaración de zona afectada por una emergencia de Protección Civil «abre la vía a los afectados a reclamar al Estado las ayudas previstas y que en resumen, son compensación por daños personales, destrucción de enseres de primera necesidad o la destrucción total o parcial de la vivienda habitual», ha recordado el ministro.
Estas ayudas corresponden al Ministerio del Interior, que estudiará también cualquier otra medida, como la exención de las tasas del organismo autónomo de la Jefatura central de Tráfico por la realización de duplicados de permisos de circulación así como para la expedición del DNI.
Asimismo, otros departamentos ministeriales valorarán la posibilidad de establecer distintas ayudas como beneficios fiscales en los impuestos sobre bienes inmuebles o sobre actividades económicas.
Como es habitual, están exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas las ayudas que se reciban en estos conceptos y también se podrán acordar medidas laborales y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social