Pilar Martínez Abogados, despacho especializado en Medio Ambiente y Urbanismo defensor de un enfoque equilibrado entre el uso rentable de los recursos naturales y la conservación, advierte de la necesidad de una normativa de protección medioambiental clara y rigurosa que, tal y como impone la UE y las leyes estatales, establezca una previsión económica y presupuestaria para indemnizaciones y garantice la participación ciudadana si se quiere garantizar el desarrollo sostenible, al hilo de la salida a exposición pública del Plan de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros.
Esta zona está incluida en Red Natura 2000, instrumento de protección de la biodiversidad más importante de la Unión Europea, por lo que la letrada recuerda que la UE exige dotar a estos instrumentos de gestión de un presupuesto que contemple compensaciones a las limitaciones de usos y actividades de estas zonas protegidas. Asimismo, recuerda que los planes de gestión deben dar participación a los ciudadanos y delimitar claramente mediante coordenadas los territorios afectados.
«La declaración de un territorio como espacio protegido afecta muy gravemente a los derechos de propiedad y a otros bienes y derechos previamente consolidados por los afectados, ya que llega a limitar, incluso, la libre circulación por las propias fincas y por el espacio y suelo público» asegura la abogada, quien añade: «La legislación europea impone, a través de sus Directivas, unas obligaciones que, de ningún modo, llegan a semejante rigor, pero pone en manos de determinadas Administraciones instrumentos y facultades que les facilitan este tipo de intervencionismo y control de un territorio».
Así, Pilar Martínez, incide en la importancia de que los instrumentos de gestión compensen tales restricciones: «La normativa europea y nuestras leyes y Tribunales exigen, en todo caso, indemnizaciones individuales por estas limitaciones a los derechos previamente adquiridos y consolidados, así como la consiguiente previsión presupuestaria para aprobar la norma y la aprobación de Planes de Desarrollo Sostenible y esto rara vez ocurre».
Con 20 años de experiencia en Derecho Medioambiental, la letrada mantiene que la Directiva Hábitat recoge que el objetivo de conservación ha de tener en cuenta las exigencias económicas, culturales o regionales con el fin de alcanzar un desarrollo medioambiental duradero y sostenible. De este modo, aboga por una política territorial basada en estudios científicos y técnicos rigurosos que valoren las necesidades reales de protección y en la profesionalización de los gestores de espacios naturales, para lograr un equilibrio entre conservación y actividades económicas tradicionales, y evitar «una ambigüedad normativa y una inseguridad jurídica que acaba, en muchos casos, en los tribunales».
La profesional, con ámbito de actuación en todo el territorio nacional, ha obtenido importantes casos de éxito en esta materia. Cabe destacar que ha sido la responsable de la nulidad obtenida en casación ante el Tribunal Supremo del Decreto regulador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en representación de propietarios de terrenos, con sentencia favorable a recibir una indemnización adecuada.