Tras la decisión del Ayuntamiento de Guadalajara de suspender temporalmente las visitas turísticas a la Capilla Luis de Lucena por el riesgo de desprendimiento que supone el espacio colindante, una antigua gasolinera, la Junta responde y avisa que esta decisión «contraviene la normativa legal«.
Alfonso Esteban, concejal de Urbanismo y Blanca Causapié, jefa del Área de Urbanismo de Guadalajara
El Ayuntamiento insta a la Junta
El concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, explicaba esta semana que la decisión fue tomada en base a los informes técnicos de los arquitectos municipales donde se «advierte que hay riesgo para las personas en este acceso y evidentemente no queda otra opción que suspender la actividad» señalaba Esteban.
Asimismo, señaló que el Ayuntamiento ha informado a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, que en 2014 declaró la gasolinera como bien patrimonial y autorizó solo una demolición parcial del inmueble.
Esteban también criticaba que, a pesar de las órdenes emitidas por la Junta para la conservación de ciertos elementos del edificio, los propietarios no han realizado las obras necesarias, y la administración regional tampoco ha actuado de forma subsidiaria. «El Ayuntamiento ha cumplido con su deber de suspender la actividad por el riesgo en el acceso, pero es la Junta quien debe resolver este problema que lleva una década sin solucionarse», añadió en rueda de prensa.
Por su parte, Blanca Causapié, jefa de Urbanismo, aclaró que la antigua gasolinera Diges no está catalogada en el Plan General de Urbanismo de Guadalajara, por lo que en 2014 se autorizó su demolición. Sin embargo, al encontrarse en una zona de protección de Bienes de Interés Cultural (BIC), la Junta exigió la conservación de ciertos elementos del edificio.
Delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes.
La Junta responde
La respuesta del gobierno regional llegaba de la mano del delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, quien afirma que la competencia sobre el entorno de la capilla corresponde al Ayuntamiento, quien abrió el expediente de demolición en 2014 a instancias del propietario. El delegado señala directamente al Ayuntamiento de Guadalajara como responsable final según se establece en el punto 1 del artículo 140 del texto refundido de la LOTAU.
En cuanto al cierre temporal, insisten en que no se ha solicitado permiso a la Junta.